Fiscalía solicita penas máximas en caso de homicidio por invasión
La mañana de este martes se desarrolló una audiencia de etapa intermedia de alto impacto en el Estado de México, donde la Fiscalía presentó una solicitud formal de condenas severas contra Carlota N, conocida como Doña Carlota, y sus dos hijos, Mariana y Eduardo.
Penas solicitadas: 140 y 210 años de prisión
Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público solicitó la pena máxima para Doña Carlota, consistente en 140 años de prisión, por el delito de homicidio en grado de tentativa contra dos personas que presuntamente eran invasores de propiedad. Para cada uno de sus hijos, Mariana y Eduardo, la Fiscalía pidió 210 años de prisión por el mismo hecho, argumentando una participación activa en los eventos.
Los tres investigados estuvieron presentes en el acto jurídico, donde el juez de control les ofreció la opción de aceptar un procedimiento abreviado para concluir el litigio de manera más expedita. Sin embargo, en un giro significativo, Doña Carlota y sus hijos rechazaron esta alternativa y declararon que optarán por ir a juicio.
Defensa alega legítima defensa
Los acusados fundamentaron su decisión en la intención de demostrar que actuaron en legítima defensa durante el incidente, el cual involucró a las dos víctimas fallecidas. Este argumento será central en el juicio subsecuente, donde se espera que se presenten pruebas y testimonios detallados.
El agente del Ministerio Público, por su parte, solicitó la continuación de la audiencia para el 30 de abril, fecha en la cual prometió presentar nuevos testigos y evidencias adicionales en contra de los investigados. El juzgado aceptó esta solicitud y fijó oficialmente la próxima sesión para ese día, donde se desahogarán las siguientes pruebas del caso.
Contexto y próximos pasos
Este caso ha generado atención mediática debido a las circunstancias del homicidio, que involucra una disputa por invasión de propiedad. La decisión de los acusados de llevar el caso a juicio prolongará el proceso legal, pero les permitirá argumentar su versión de los hechos ante un tribunal.
La audiencia del 30 de abril será crucial para determinar el curso de la investigación y la posible imposición de las penas solicitadas, las cuales se encuentran entre las más altas registradas en casos similares en la región.
