Menores que cometen homicidio: qué dice la ley en México y cómo se les sanciona
Un alumno de 15 años asesinó a dos maestras dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos ocurrieron en la colonia Centro y ya son investigados por autoridades. El caso, que ha generado conmoción a nivel nacional, vuelve a poner sobre la mesa cómo responde la ley mexicana cuando un menor comete homicidio.
De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante disparó contra las maestras María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años, quienes murieron por impactos de arma de fuego. El caso abre una duda clave: ¿Qué castigo enfrenta un menor en México por un delito de este tipo?
Un sistema distinto: así se juzga a los menores en México
En México, los adolescentes que cometen delitos no son procesados como adultos. Existe un sistema especializado que busca sancionar, pero también reinsertar, y que está regido por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual aplica a personas de entre 12 y menos de 18 años que hayan cometido un delito.
Esta legislación establece que cualquier medida debe respetar los derechos humanos del menor y tener un enfoque socioeducativo, es decir, no se trata sólo de castigar, sino de intervenir en su conducta para evitar que reincida. Por ello, el sistema toma en cuenta la edad del adolescente, su entorno y las circunstancias del hecho antes de definir una sanción.
Lo anterior coincide con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del miércoles 25 de marzo, quien planteó que el caso de Michoacán debe atenderse de forma integral, incluyendo acciones en materia de salud mental. “Tenemos un programa de salud mental que estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y en la educación media superior… Es una capacitación a maestras y maestros, contratación de personal especializado, guías para los maestros, guías para los estudiantes, guías para padres de familia”, agregó.
¿En qué consisten las medidas de reinserción?
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que las sanciones tienen un carácter socioeducativo, es decir, buscan algo más que castigar. En el propio texto se señala que el objetivo es la reintegración social y familiar del adolescente, mediante acciones que incidan en su entorno:
- Programas educativos, culturales, deportivos y laborales
- Que adquieran habilidades y capacidades
- Intervención en factores familiares, escolares y comunitarios
El fin es reducir la reincidencia y que los adolescentes que cometen algún delito tengan un papel constructivo en la sociedad.
¿Un menor puede ir a prisión por homicidio?
Un menor sí puede ir a prisión y estar internado hasta por 10 años por un delito grave, pero no en todos los casos ni bajo las mismas reglas que un adulto. La ley nacional señala que la privación de la libertad es una medida extrema, que sólo debe utilizarse como último recurso y por el menor tiempo posible y no en una prisión de adultos.
Esto implica que, aunque un delito sea grave como el homicidio, primero se analizan otras alternativas antes de recurrir al internamiento. Además, la medida de internamiento únicamente puede aplicarse a adolescentes mayores de 14 años. Para tal caso en Michoacán, por ejemplo, existe la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.
Michoacán: qué sanción podría enfrentar un menor por homicidio
En el caso ocurrido en Lázaro Cárdenas, también entra en juego la legislación estatal. La Ley de Justicia Integral para Adolescentes de Michoacán, cuya última reforma publicada fue el 21 de mayo de 2009, establece que las personas de entre 12 y menos de 18 años pueden ser sujetas a distintas medidas dependiendo de la gravedad del delito. Estas van desde amonestaciones o vigilancia, hasta formas de internamiento.
Sin embargo, cuando se trata de delitos graves como el homicidio, la ley contempla la posibilidad de aplicar la medida más severa. El internamiento en régimen cerrado —equivalente a la privación de la libertad en un centro especializado— puede imponerse en estos casos como último recurso. Esta medida implica la reclusión continua del adolescente y puede extenderse desde 6 meses hasta un máximo de 10 años, dependiendo de lo que determine un juez especializado.
En el caso del homicidio de dos maestras en Michoacán, el menor señalado por este crimen permanece ingresado en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes del estado en donde, se informó, permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Tanto la ley nacional como la estatal coinciden en un punto: el sistema no sólo busca sancionar, sino generar un proceso de responsabilidad y reintegración. Las medidas están diseñadas para que el adolescente comprenda el daño causado, modifique su conducta y pueda reincorporarse a su entorno social y familiar. El caso de Michoacán, sin embargo, vuelve a poner en debate los límites de este modelo frente a delitos de alto impacto como el homicidio.
