Anuncio oficial contrasta con realidad violenta en múltiples estados
El Gobierno Federal presentó la semana pasada nuevos resultados de la estrategia nacional de seguridad, destacando una reducción en los índices de homicidios en el país. Esta disminución estadística adquiere especial relevancia en un contexto donde cada cifra representa vidas humanas perdidas, tras casi dos décadas de violencia generalizada que continúa manifestándose con dimensiones dolorosas e inaceptables para la sociedad mexicana.
Herramientas estadísticas y la dimensión real del dolor
En el mismo comunicado oficial, las autoridades afirmaron estar desarrollando herramientas estadísticas más precisas para registrar el número de personas desaparecidas en México. Si bien las cifras son fundamentales para evaluar políticas públicas y reconocer la magnitud de la violencia, resultan insuficientes para comprender el profundo dolor que enfrentan las víctimas cuando la discusión se limita a comparaciones numéricas o minimizaciones.
Esta realidad se hizo evidente cuando el anuncio gubernamental llegó apenas dos semanas después de dos eventos trágicos: el asesinato de 11 personas durante un partido de fútbol en Salamanca, Guanajuato, y el secuestro de 10 mineros el 23 de enero, de los cuales 5 fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en la zona de El Verde, municipio de Concordia. Este último sitio, según documentación periodística, lleva años siendo utilizado con fines criminales, sin que aún se conozcan sus dimensiones completas.
Protestas sociales y casos emblemáticos de violencia
Ante este panorama, no sorprendieron las manifestaciones sociales registradas en días posteriores. Madres buscadoras marcharon durante el Carnaval de Mazatlán para exigir la localización de más de 7 mil personas desaparecidas registradas oficialmente en la entidad. Paralelamente, trabajadores mineros realizaron protestas en al menos 7 estados, expresando su hartazgo ante la inseguridad que enfrentan diariamente.
Los casos de violencia continúan acumulándose con rostros concretos:
- En octubre de 2024, el asesinato de Alexis por elementos del Ejército y Guardia Nacional en Culiacán
- En mayo de 2025, las ejecuciones de las niñas Leidy y Alexa por elementos del Ejército
- En junio de 2025, la muerte de Jessica (mujer embarazada) y su pareja Néstor, tras presunto uso excesivo de fuerza por la Guardia Nacional
- La privación de la vida de Fernando Alan Arce presuntamente por elementos del Ejército en Sinaloa
- El asesinato de Ricardo Mizael, de 16 años, el 11 de febrero en Culiacán
- La muerte de otro repartidor de 16 años en el fraccionamiento Las Cerezas de la misma ciudad
La situación en Sinaloa y otros estados críticos
La realidad de Sinaloa –que enfrenta un contexto particularmente difícil desde septiembre de 2024– no difiere sustancialmente de lo observado en entidades como Michoacán, Chiapas o Guanajuato. En estos estados, los límites entre la criminalidad y las autoridades locales se vuelven indistinguibles, con múltiples carencias en las fiscalías locales para construir investigaciones sólidas con participación activa de las víctimas.
El amplio despliegue de fuerzas armadas en estas regiones no solo no ha contribuido a reducir la violencia, sino que en varios casos ha puesto en riesgo la integridad y derechos humanos de la población, con resultados fatales documentados.
Exigencias para una respuesta institucional fortalecida
El crudo panorama de desapariciones, violencia, extorsiones a mineros, hallazgos de fosas clandestinas, asesinatos y ejecuciones arbitrarias exige una respuesta institucional mucho más robusta. Se requieren:
- Límites claros y exigencia de rendición de cuentas para las tareas militares
- Fortalecimiento del fuero civil frente al fuero militar
- Evitar caer en narrativas acríticas que afirmen mejoras en seguridad sin sustento real
- Escuchar las demandas de las víctimas con sensibilidad y empatía
- Garantizar protección, respeto a derechos humanos, justicia y reparación integral
Cuando desde la tribuna presidencial y autoridades estatales se centra la reacción principalmente en la reducción de cifras, sugiriendo que solo la percepción no ha mejorado, se minimiza la realidad que viven cientos de familias –tanto en casos mediáticos como en aquellos que permanecen invisibilizados–. Solo mediante acciones concretas que reconozcan la profundidad del problema y prioricen a las víctimas, la percepción social podrá realmente comenzar a cambiar.
