La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este 18 de mayo de 2026 el bloqueo de cuentas bancarias de 10 personas consideradas Personas Políticamente Expuestas (PEP), luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones relacionadas con el crimen organizado en Sinaloa.
Aunque el comunicado oficial no reveló los nombres de las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, el contexto de las investigaciones, así como la acusación presentada por autoridades estadounidenses el pasado 29 de abril, apuntan a funcionarios y exfuncionarios cercanos al círculo político y de seguridad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
Nacido en Badiraguato, Sinaloa, Rubén Rocha Moya es licenciado en Educación Media con especialidad en Matemáticas, además de abogado por la UNAM, maestro en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue rector de la UAS entre 1993 y 1997 y posteriormente ocupó distintos cargos dentro del gobierno estatal y federal. En 2018 llegó al Senado y en 2021 ganó la gubernatura de Sinaloa bajo la alianza Morena-PT. El pasado 2 de mayo de 2026 solicitó licencia al cargo por más de 30 días, argumentando que buscaba facilitar las investigaciones relacionadas con los señalamientos hechos por autoridades estadounidenses.
Enrique Inzunza, senador y exsecretario de Gobierno
El senador Enrique Inzunza Cázarez cuenta con una amplia experiencia en el ámbito jurídico. Fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa y posteriormente secretario general de Gobierno. Actualmente es senador de Morena y preside la Comisión de Estudios Legislativos. Reportes recientes señalan que se ha mantenido alejado de actividades públicas, aunque no existe información oficial sobre su situación jurídica.
Funcionarios de seguridad y justicia también aparecen en la lista
Entre los perfiles señalados también se encuentran mandos y exmandos ligados a seguridad pública y procuración de justicia en Sinaloa:
- Dámaso Castro Saavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Desarrolló gran parte de su carrera dentro de la procuración de justicia estatal y ocupó cargos relacionados con litigación oral y ministerios públicos.
- Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Acumuló más de 30 años dentro de corporaciones policiacas y participó en áreas de homicidios, delitos patrimoniales e investigación criminal.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”: Criminalista de formación y excomandante de la Policía de Investigación. Trabajó en unidades antisecuestros, desaparición forzada y homicidios.
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y militar de carrera. Formó parte del Estado Mayor de la Sedena y dirigió áreas estratégicas de inteligencia militar. El pasado 15 de mayo se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses para comparecer por los señalamientos.
- José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”: Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa. Cuenta con formación militar y estudios en inteligencia y seguridad estratégica.
Exfuncionarios financieros y políticos cercanos a Rocha
- Enrique Alfonso Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Se desempeñó durante años en el sector privado antes de incorporarse al gobierno estatal. Reportes periodísticos señalan que el mismo 15 de mayo habría buscado colaborar con autoridades estadounidenses tras entregarse de manera voluntaria.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Actual alcalde de Culiacán y uno de los políticos más cercanos a Rocha Moya. Llegó a la presidencia municipal en 2022 como sustituto y posteriormente ganó la elección de 2024. Su trayectoria ha estado ligada al grupo político del gobernador con licencia desde hace más de una década.
- Juan Valenzuela Millán, “Juanito”: Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán. Es uno de los perfiles con menos información pública disponible dentro del expediente difundido por autoridades estadounidenses.
UIF aclara que bloqueo no significa culpabilidad
Pese al impacto político de las medidas y la gravedad de los señalamientos, la UIF aclaró que el bloqueo de cuentas no representa una determinación de culpabilidad contra las personas incluidas en la lista. La dependencia señaló que se trata de medidas preventivas derivadas del análisis financiero realizado sobre las personas señaladas y recordó que todos los involucrados cuentan con mecanismos de defensa, incluida la garantía de audiencia y recursos administrativos o judiciales. Además, indicó que continúa revisando documentación e información relacionada con las Personas Políticamente Expuestas involucradas, bajo criterios técnicos y conforme a la legislación financiera mexicana.
