CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Luego del asesinato de una trabajadora y el intento de homicidio de dos trabajadores que estaban en huelga para pedir mejoras en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se solicitó a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, atraer el caso y se demandó la renuncia del rector, Javier Saldaña Almazán.
La demanda de intervención federal fue presentada por el exrector de la UAG, Ramón Reyes Carreto. Recordó que los integrantes del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores de Acapulco habían cumplido siete días de huelga en la coordinación de la zona sur de la UAG sin que ninguna autoridad les prestara atención ni el rector tomara cartas en el asunto.
Detalló que las demandas incluían el cumplimiento de una minuta firmada el 26 de mayo de 2025 con el jefe de la oficina de la rectoría, Oscar Javier Arcos Fuentes. Entre las peticiones estaban: no cerrar el laboratorio de análisis clínicos, proporcionar equipamiento e insumos para su funcionamiento, transparencia en el manejo de los recursos financieros y la contratación de personal interino como la maestra Ivonne Hernández. Además, exigían la apertura del comedor universitario en Acapulco, cerrado desde el huracán Otis.
Reyes Carreto reveló que Ivonne Hernández presentó examen de oposición para ingresar a la universidad y cubrió interinatos, pero al momento de su homicidio se le adeudaba el pago. Indicó que los integrantes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (FREG) también demandaron una auditoría a la Administración Central de la UAG, pero recibieron encarcelamiento, golpizas y persecución como respuesta.
El exrector fue acompañado por las académicas Silvia Alemán Mundo, María Félix Valente Navidad, Raquel Catalán Salgado y María Filomena García González, así como por el abogado universitario Taurino Castrejón Salgado.
El exdiputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, declaró en un comunicado que, ante la recurrente incapacidad del sistema de procuración, administración e impartición de justicia local, la FGR debe atraer el asunto por su relevancia inédita. “Sería inadmisible que este fuera el inicio de una secuencia de atentados en contra del pensamiento libre, del derecho a la manifestación y de la protesta”. Afirmó que el perfil de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, emanada del movimiento social y político, ayudaría en las líneas de investigación para castigar a los responsables.
Lamentó que la administración central de la UAG busque minimizar la gravedad de los hechos al intentar justificar que no todas las víctimas son trabajadores universitarios. La protesta, reprochó, fue descalificada desde el reciente Consejo Universitario, además de la inadmisible falta de atención, diálogo y solución a los reclamos por la arrogancia de la cúpula universitaria.
A la demanda de que la FGR atraiga el caso se han sumado el exgobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez; la senadora Beatriz Mojica Morga y la diputada local Diana Bernabé Vega, ambas de Morena. Mientras que el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación que incluya a las autoridades de la UAG.
En este contexto, fue cancelada una marcha “por la paz y la justicia” en Acapulco convocada por sindicatos afines al rector, luego de que este informó que se reunió con el fiscal general Zipacná Jesús Torres. Las feministas de la UAG que se han manifestado contra los feminicidios permanecen calladas ante el crimen de la maestra universitaria y el intento de homicidio de una segunda mentora. Tampoco la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda, del grupo político del rector Javier Saldaña, se ha pronunciado.
El domingo pasado, a las 6:50 de la tarde, un sicario disparó contra trabajadores universitarios que mantenían un plantón desde el lunes 13 de abril en la Coordinación de la Zona Sur de la UAG en Acapulco. El saldo fue una maestra asesinada, Ivonne Hernández Nava, y dos heridos de gravedad: la profesora Angela Cantú Martínez y el líder del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores (FAET) de la UAG, Flavio Herrera Mejía.
El rector, que en 2027 ha jugado un papel importante en la protesta de los universitarios acallada a balazos, arremetió contra los manifestantes el 16 de abril en una sesión del Consejo Universitario, tres días antes del ataque armado, diciendo que no se sentaría a dialogar con ellos. La transmisión en vivo de esa sesión fue retirada por la UAG. Al día siguiente, el viernes 17, los manifestantes recibieron amenazas de personas extrañas, según María Filomena García, integrante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (SITUAGro). En el reporte ministerial, los sobrevivientes afirmaron que el rector Javier Saldaña les dijo que si no levantaban el plantón se “atuvieran a las consecuencias”.
