Fosa clandestina de Salvatierra: una condena frágil entre 80 cuerpos sin justicia
En el año 2020, las autoridades realizaron un hallazgo macabro en el municipio de Salvatierra, Guanajuato: la exhumación de 80 cuerpos de una fosa clandestina que conmocionó a la región. Sin embargo, tras cuatro años, el panorama judicial es desolador. De todos esos casos, únicamente uno ha conseguido un fallo condenatorio: la desaparición y muerte de la maestra Guadalupe Barajas Piña, un símbolo de la lucha por la verdad en medio de la impunidad.
La sentencia que pende de un hilo
Pero incluso este logro, mínimo frente a la magnitud de la tragedia, se encuentra ahora en grave riesgo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, tiene programado para este miércoles resolver el amparo directo 51/2025. Este recurso legal, interpuesto por la defensa del condenado, podría modificar radicalmente el curso del proceso y, en el peor de los escenarios, anular la sentencia ya emitida.
La situación subraya las enormes dificultades que enfrentan las familias de las víctimas y las fiscalías para llevar a cabo investigaciones efectivas en contextos de violencia extrema y desapariciones forzadas. Los otros 79 casos asociados a la fosa de Salvatierra permanecen en una especie de limbo legal, con avances mínimos o nulos, lo que refleja una crisis sistémica en la administración de justicia.
Un precedente crítico para Guanajuato y México
La resolución del amparo no solo afectará el destino específico del caso de la maestra Barajas Piña, sino que podría sentar un precedente judicial significativo para otros procesos similares en el estado y en el país. Guanajuato se ha consolidado como una de las entidades con mayores índices de violencia y hallazgos de fosas clandestinas, haciendo de esta decisión un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de un revés legal. Argumentan que un fallo a favor del amparo debilitaría aún más la ya frágil confianza en las instituciones y enviaría un mensaje peligroso sobre la posibilidad de eludir la justicia en crímenes de esta naturaleza.
Mientras tanto, las familias de las otras 79 víctimas continúan esperando respuestas, en un duelo agravado por la lentitud y las trabas procesales. El caso de Salvatierra se erige así como un testamento crudo de los desafíos que México enfrenta para garantizar el acceso a la justicia y la verdad en medio de una crisis humanitaria de desapariciones que suma decenas de miles de casos a nivel nacional.
