Juez federal ordena reabrir investigación por tortura contra exfuncionarios en caso Israel Vallarta
En un giro significativo para la justicia mexicana, un juez federal ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación por tortura contra Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y otros exfuncionarios federales. La decisión judicial se produjo luego de una maratónica audiencia de 11 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, celebrada el pasado 17 de abril.
Un largo camino hacia la justicia
Israel Vallarta, quien fue detenido en 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez y presentado públicamente como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, logró el año pasado su liberación y absolución de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, su lucha por justicia por las torturas que denuncia haber sufrido desde 2006 continúa.
"Es inevitable que comparezcan ante la justicia. Eso te lo puedo decir. Pero sí están haciendo todo lo posible por retrasar las cosas, son 20 años y todavía no pueden ser presentados ante un juez. Eso es lo más doloroso", declaró Vallarta en entrevista con Proceso.
La batalla legal contra la FGR
El juez de control resolvió a favor de Vallarta al impugnar la decisión de la FGR de no ejercer acción penal contra los exfuncionarios. La fiscalía había argumentado que Cárdenas Palomino, García Luna, Francisco Javier Garza Palacios y Jorge Rosas García no podían ser juzgados dos veces por el mismo delito, pero el magistrado determinó que este alegato no se cumple porque los investigados nunca han sido juzgados por los hechos de tortura.
"Dijo que es un hecho fraudulento porque (la FGR) no puede ser juez y parte. La fiscal pertenece a la FGR y ella está decidiendo que no procede, como si fuera juez, cuando eso le corresponde a un juez verdaderamente", explicó Vallarta sobre la resolución judicial.
Los antecedentes del caso
Desde 2021, el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna había ordenado a la FGR continuar las investigaciones. Sin embargo, los investigados impugnaron esta determinación argumentando que no fueron notificados adecuadamente. Vallarta destacó la peculiar situación de Jorge Rosas García, exfiscal antisecuestros de la entonces SEIDO:
- No ha comparecido a ninguna audiencia
- Ha tramitado amparos relacionados con la investigación en su contra
- No ha sido notificado formalmente de la reapertura del caso
"No lo pueden encontrar para notificarlo pero él sí puede interponer recursos de amparo y le notifican cuando se aceptan o no esos amparos, pero para que comparezca no aparece", comentó Vallarta sobre Rosas García.
La postura de los acusados
Durante la audiencia, Luis Cárdenas Palomino -quien compareció por videoconferencia desde el penal federal de Morelos- reprochó al juez de control actuar por intereses políticos en este asunto. El extitular de la AFI, detenido desde julio de 2021 acusado de tortura contra Vallarta y otros supuestos integrantes de Los Zodiaco, ya fue sentenciado a 5 años de prisión por torturar a uno de los primos de Israel Vallarta, condena que se cumplirá en octubre próximo si es confirmada.
Vallarta respondió a estas acusaciones: "Yo jamás ni mi familia hizo ningún pacto con ningún partido, con ningún color, con ninguna corriente", afirmando la independencia de su lucha por justicia.
El fundamento legal de la decisión
El juez de control basó su resolución en precedentes de la Suprema Corte de Justicia y tratados internacionales que no pueden ser pasados por alto. "Existen muchos antecedentes de la Suprema Corte de Justicia, de los tratados internacionales y no se pueden pasar por alto, y son elementos con los que el juez resolvió", señaló Vallarta, aunque expresó su esperanza de que "esto no se vuelva infinito".
La orden judicial representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para Israel Vallarta, quien después de casi dos décadas de proceso legal continúa exigiendo que se investiguen y sancionen las torturas que afirma haber sufrido a manos de exfuncionarios federales durante su detención inicial en 2005.
