El conflicto Cazzu-Nodal llega al Congreso de Michoacán con propuesta de 'Ley Cazzu'
La disputa pública entre la cantante argentina Cazzu y el artista mexicano Cristian Nodal por la autorización de viaje de su hija Inti ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un debate legislativo en Michoacán. Mientras tanto, en tribunales federales, jueces han comenzado a "desenredar" las trabas impuestas por progenitores que se niegan a permitir que sus hijos viajen al extranjero.
Casos emblemáticos que exponen el problema
El 28 de febrero de 2026, se documentó el caso de una niña que perdió la oportunidad de representar a México en competencias internacionales de robótica y equitación en Estados Unidos porque su padre, un militar de la Sedena, simplemente ignoró las solicitudes de su madre para obtener el consentimiento necesario para tramitar el pasaporte.
La madre intentó recurrir a la justicia familiar, pero la juez Jessica Alemán Cáceres del Séptimo Tribunal de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México no solo no intervino, sino que su respuesta ni siquiera se relacionaba con la solicitud presentada. Como consecuencia, la menor fue descalificada de las competencias para las que había sido seleccionada.
El marco legal actual y sus limitaciones
En México, el Reglamento de Pasaportes establece en su artículo 18 que, para expedir un pasaporte a un menor de edad, ambos padres deben otorgar su consentimiento personalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En la Ciudad de México existe la posibilidad de que un progenitor solicite autorización judicial cuando carece del permiso del otro, mediante un juicio de Jurisdicción Voluntaria.
Sin embargo, estos trámites pueden extenderse entre tres meses y más de un año, especialmente desde la pandemia de COVID-19 que aceleró la digitalización de expedientes y la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El amparo como alternativa viable
Algunos padres han encontrado en el juicio de amparo una opción más rápida. En 2024, la adolescente Zaired "N" intentó tramitar su pasaporte para representar a México en una competencia de Taekwondo en Canadá, pero su padre, quien había abandonado a la familia, no otorgaba la autorización.
Su madre presentó un amparo ante la entonces juez Quinto de Distrito en Morelos, Martha Magaña, quien concedió una suspensión para que la SRE emitiera un pasaporte provisional sin requerir la autorización paterna. Aunque la orden llegó tarde para la competencia en Canadá, Zaired pudo participar en otro torneo en Corea, donde ganó el primer lugar representando a México.
Una sentencia que marca precedente
El 27 de mayo de 2024, la juez Magaña dictó sentencia definitiva, determinando que aunque el artículo que exige la autorización de ambos padres busca proteger a los menores, "al mismo tiempo resulta violatorio de sus derechos humanos". Ordenó a la SRE expedir un pasaporte definitivo sin necesidad de autorización paterna y crear mecanismos alternativos de protección.
En entrevista, la exjuez Magaña explicó: "Lo que se propone en esa sentencia es hacer un análisis de la norma y decimos: 'Sí, tiene un fin constitucionalmente válido', pero no es la alternativa menos invasiva para la infancia". Añadió que en casos donde se acredita que un padre niega el consentimiento únicamente para dañar a la madre, podría configurarse el delito de violencia familiar o incluso violencia vicaria.
La iniciativa legislativa en Michoacán
En este contexto, el 12 de marzo de 2026, la diputada del Partido Verde Sandra Arreola Ruiz presentó en el Congreso de Michoacán la iniciativa conocida como "Ley Cazzu", nombrada así por el caso de la cantante argentina. La propuesta busca garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono por parte de uno de sus progenitores.
La legisladora señaló durante la presentación: "Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no". La iniciativa propone reformar el artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho a la movilidad de menores en casos de abandono parental, con el interés superior de la niñez como criterio central.
A diferencia de lo planteado por la juez Magaña, la propuesta de la diputada Arreola condiciona la agilización de trámites a que las madres acrediten que el padre es ausente o no cumple con sus obligaciones alimentarias. "La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas", afirmó la legisladora.
Retos pendientes y perspectivas futuras
Los casos analizados por la juez Magaña aún no han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no ha sido posible activar el mecanismo de declaratoria general de inconstitucionalidad que obligaría al Congreso de la Unión a modificar la legislación federal.
Magaña destacó un aspecto fundamental: "En cualquier caso la infancia debe tener derecho al pasaporte porque es el único medio de identificación oficial que tú puedes adquirir siendo menor de edad, entonces, no solo te sirve para viajes, sino también te sirve para identificación".
La discusión sobre la "Ley Cazzu" en Michoacán representa un primer paso legislativo que podría inspirar reformas a nivel nacional, buscando equilibrar la protección de los menores con su derecho a la movilidad y desarrollo personal, especialmente cuando uno de los progenitores ha abandonado sus responsabilidades parentales.
