Familia denuncia retraso injustificado en prisión domiciliaria de Doña Carlota
La familia de Carlota "N", una mujer de 74 años acusada de doble feminicidio y tentativa de homicidio, ha denunciado públicamente que, a pesar de que un juez de control autorizó su cambio a prisión domiciliaria el pasado 17 de marzo, ella continúa recluida en el penal de Chalco, Estado de México. Según Arturo Alfaro, hijo de la acusada, el retraso ya supera las dos semanas y se debe específicamente a que no se ha colocado el brazalete electrónico, requisito indispensable para que pueda continuar su proceso legal desde casa.
Condiciones incumplidas y falta de explicaciones oficiales
En la audiencia donde se modificó su medida cautelar, el juez estableció varias condiciones para la prisión domiciliaria, incluyendo:
- Pago de una garantía de 250 mil pesos
- Verificación de que no cuenta con pasaporte vigente
- Colocación de un brazalete electrónico para monitoreo constante
Arturo Alfaro detalló que todos estos requisitos ya fueron cumplidos, incluso con confirmación oficial de que Doña Carlota no tiene pasaporte vigente, lo que impide cualquier salida del país. Sin embargo, el dispositivo de monitoreo no ha sido instalado, y la familia asegura que el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México ha colocado brazaletes a otros internos recientemente, pero el de Carlota "no llegó".
Preocupaciones por salud y transparencia del proceso
Doña Carlota, quien cumplió 74 años dentro del penal, enfrenta problemas de salud como diabetes tipo 2, condición que fue considerada por el juez para otorgarle la prisión domiciliaria. La familia teme que existan factores externos que estén frenando el proceso y denuncia una falta total de información por parte de las autoridades. Normalmente, este procedimiento tarda entre una semana y semana y media, pero el retraso ya supera los 15 días.
El proceso legal en su contra continúa avanzando, y próximamente se llevará a cabo una audiencia clave en la etapa intermedia, donde se presentarán pruebas tanto de la defensa como de la Fiscalía. Por ahora, la colocación del brazalete electrónico sigue pendiente, manteniendo a la mujer en el penal pese a la orden judicial que debería permitirle estar en casa.
