Jueza revoca decisión y desbloquea proceso penal por tragedia en AXE Ceremonia
En un giro significativo para la búsqueda de justicia, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, ha revocado su propia decisión que mantenía paralizado el procedimiento penal para celebrar la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia. Este evento, marcado por la tragedia, cobró la vida de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles el pasado año.
Imputaciones pendientes contra empresas y personas físicas
En la audiencia inicial que ahora podrá celebrarse, se procederá a imputar formalmente a las empresas responsables por el homicidio, así como a las personas físicas que habrían actuado con negligencia. La acusación central radica en la colocación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre las víctimas durante el evento, provocando su fallecimiento instantáneo.
El proceso había enfrentado obstáculos judiciales desde el 15 de octubre de 2025, cuando la jueza Cisneros ordenó inicialmente que no se llevara a cabo la audiencia. Esta decisión resultó contradictoria, ya que días antes la misma autoridad había determinado que suspender el acto era jurídicamente inadmisible, al considerar que obstaculizaba el proceso penal, afectaba el interés social e impedía la función constitucional del Ministerio Público.
Recurso de amparo y presiones para la revisión
Dicho amparo fue promovido originalmente por la familia y la defensa legal de Berenice Giles, quienes acusaron a la Fiscalía capitalina de filtrar información sensible a las empresas Operadora de Centro de Espectáculos (OCESA) y Seguridad LOBO. Estas corporaciones serían imputadas por el fallecimiento de las dos víctimas, y se alegó que la filtración tuvo como finalidad permitirles ampararse antes de la resolución formal.
Posteriormente, la jueza concedió la suspensión definitiva, lo que mantuvo el caso en un limbo legal. Para impulsar su revisión y forzar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a imputar a los corporativos, la familia Giles fomentó el amparo 853/2025. Sin embargo, la presión pública aumentó cuando, el 21 de enero, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas se manifestaron frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en la colonia San Ángel, exigiendo la revocación de la suspensión.
Acciones legales de las empresas y fallo judicial
La defensa legal de la familia Giles reveló que, apenas dos días antes de que se expusiera el acuerdo para imputar a OCESA y LOBO, representantes de estas empresas acudieron a los juzgados para promover amparos contra dicha resolución. Su objetivo era impedir que la Fiscalía los señalara como probables responsables de la instalación ilegal de las grúas que se desplomaron sobre los fotógrafos.
Tras una revisión exhaustiva, el fallo de la jueza Cisneros ha dejado sin efecto la suspensión que detenía la audiencia inicial. Se ha instruido al Poder Judicial de la Ciudad de México para que, de forma inmediata, se formule la imputación contra las empresas y las personas físicas involucradas. En su argumentación, la magistrada subrayó que la suspensión en materia penal debe aplicarse únicamente de manera excepcional, especialmente cuando su efecto es frenar etapas esenciales del proceso.
Reconocimiento de retrasos injustificados y orden de proceder
La jueza reconoció que la suspensión definitiva ya había provocado una paralización prolongada de casi cuatro meses, sin que existiera una justificación cautelar válida que la sostuviera. Se concluyó que la medida, inicialmente destinada a proteger derechos, se había convertido en un obstáculo injustificado que afectaba gravemente:
- La continuidad del proceso penal
- El esclarecimiento de los hechos
- El derecho a una justicia pronta y expedita
- Los derechos de las víctimas indirectas
- El interés social y el orden público
Con este revés judicial superado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) queda habilitada para solicitar de inmediato al Poder Judicial un espacio en los juzgados de Doctor Lavista, con el fin de celebrar la tan esperada audiencia inicial. Este paso marca un avance crucial en la búsqueda de responsabilidades por una tragedia que conmocionó a la comunidad periodística y a la sociedad en general.
