En medio de solicitudes de Estados Unidos contra personas presuntamente vinculadas al narcotráfico, el proceso de extradición en México abre una ruta que podría cambiar el destino de los casos: que las autoridades mexicanas decidan investigarlos primero. En entrevista con Uno TV, el abogado Marco del Toro Carazo explicó que el procedimiento no inicia automáticamente con la entrega de una persona, sino con mecanismos previos que pueden modificar el curso legal.
El inicio del proceso de extradición
“El procedimiento de extradición en México y en todos los países inicia con una solicitud formal de extradición”, señaló. Antes de ese paso, detalló, existe la figura de la detención provisional con fines de extradición, la cual puede solicitarse sin presentar pruebas. “Para esta detención provisional con fines de extradición no se tiene que aportar ningún tipo de prueba”, afirmó.
Sin pruebas en la primera etapa
De acuerdo con el penalista, este mecanismo funciona bajo reglas específicas entre México y Estados Unidos. La solicitud debe incluir la identificación de la persona, los delitos que se le imputan y la existencia de una orden de aprehensión. “Ni siquiera estaban obligados a exhibir la orden de aprehensión. Basta con que hagan una declaración de que existe”, explicó. Una vez realizada la detención, el país solicitante tiene un plazo para formalizar el proceso. “Cuenta con 60 días para presentar su solicitud formal de extradición”, dijo. En esa etapa, añadió, sí se deben presentar elementos, aunque con un alcance limitado: “No son pruebas que acrediten la culpabilidad plena de la persona… debe de acreditar que hay indicios suficientes”.
Investigación en México: el punto de quiebre
El escenario cambia si el Estado mexicano decide no conceder la extradición y atraer el caso. “México podría negar la extradición y decir yo lo quiero investigar este caso en México”, sostuvo. En ese supuesto, la Fiscalía General de la República (FGR) puede abrir una carpeta de investigación y determinar si existen elementos para proceder penalmente. El resultado de esa indagatoria puede ser determinante para el futuro del caso. “Si llega a la conclusión de que no hay delito, pues ya la persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos”, explicó.
El abogado precisó que una decisión de la autoridad ministerial tiene efectos definitivos. “Una resolución de no ejercicio de acción penal de la FGR se equipara a una sentencia absolutoria de inocencia”, afirmó. Ese resultado implicaría que, tras una investigación en México sin hallazgos de delito, la persona no podría enfrentar un proceso penal por los mismos hechos, incluso si existe interés de otro país en juzgarla.
Amparos y suspensiones en el proceso
Durante el procedimiento, también intervienen recursos legales como el amparo. El especialista indicó que en materia de extradición las suspensiones son una práctica establecida. “La ley de amparo prevé que en materia de extradición la suspensión se concede oficiosamente”, dijo. Sin embargo, aclaró que esto no aplica en todos los momentos del proceso. En el caso de detenciones provisionales, aunque se puede promover un amparo, “está prohibido que le concedan una suspensión para que no se pueda ejecutar”.
El abogado subrayó que la extradición no implica determinar culpabilidad en México. “Este es un mecanismo de cooperación, no es un juicio ni se va a resolver si la persona es culpable o inocente en México”, explicó. El papel de las autoridades mexicanas, añadió, se limita a verificar que se cumplan los requisitos legales para que la persona enfrente un proceso en el país solicitante, salvo que se opte por investigar el caso en territorio nacional.
