La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles durante su conferencia matutina que Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes de extradición presentadas por México, todas bajo el argumento de falta de pruebas suficientes. Sheinbaum sostuvo que el mismo criterio jurídico debe aplicarse ahora en las peticiones realizadas por Washington contra ciudadanos mexicanos.
Defensa de la soberanía y el Estado de derecho
La mandataria planteó que las decisiones relacionadas con procesos de extradición no pueden resolverse por presión política o mediática, sino que deben sujetarse estrictamente al marco constitucional, al Estado de derecho y a la defensa de la soberanía nacional. “Hay 36 casos donde EU ha negado la petición de México para detener a una persona con fines de extradición por falta de pruebas. La visión de Estado y de largo plazo más allá de la coyuntura que se debe seguir es la ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Contexto de las declaraciones
Las declaraciones de la presidenta ocurrieron en medio de cuestionamientos relacionados con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien existen señalamientos y versiones difundidas en medios y espacios políticos respecto a posibles investigaciones internacionales. Ante ello, Sheinbaum insistió en que ninguna autoridad mexicana puede proceder legalmente sin contar previamente con pruebas formales y suficientes.
La titular del Ejecutivo explicó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República deben disponer de evidencia sólida antes de iniciar investigaciones o solicitar órdenes de detención relacionadas con procedimientos internacionales. “Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, expresó.
Transparencia en extradiciones
Durante la conferencia, la presidenta adelantó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal que hagan públicos los expedientes relacionados con solicitudes de extradición entre ambos países registradas durante los últimos años. Inicialmente, Sheinbaum mencionó que existían 38 casos rechazados por autoridades estadounidenses, aunque posteriormente corrigió la cifra y precisó que son 36 expedientes. “Le voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, indicó.
La mandataria consideró necesario transparentar la información para dimensionar cómo opera el sistema de cooperación judicial bilateral y para evidenciar que México también ha enfrentado negativas por parte del gobierno estadounidense bajo argumentos procesales.
Asimetría en la relación bilateral
Uno de los momentos más relevantes de la conferencia ocurrió cuando Claudia Sheinbaum planteó un escenario hipotético para ejemplificar su postura sobre soberanía nacional y cooperación judicial. “Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló. Con ello, la presidenta buscó evidenciar lo que considera una relación asimétrica en el tratamiento de temas judiciales y políticos entre ambos países.
Sheinbaum subrayó que la postura de su administración no responde a cálculos políticos ni a intereses partidistas, sino a principios constitucionales y al respeto al sistema penal acusatorio mexicano.
Crítica a quienes exigen acciones sin pruebas
En la parte final de su intervención, la mandataria lanzó una crítica directa a quienes exigen acciones inmediatas sin la existencia de pruebas judiciales suficientes. “¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene y lo escondan cuando quieren dar clases”, afirmó.
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum abren un nuevo capítulo en el debate sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de extradiciones, seguridad y soberanía nacional, en un contexto donde ambos gobiernos mantienen una relación estratégica, pero marcada por tensiones políticas y jurídicas.
