Alfredillo Guzmán: el nuevo objetivo prioritario de la DEA en México
Tras la eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida el 22 de febrero en Jalisco, la Drug Enforcement Administration (DEA) ha redirigido su atención hacia un nuevo objetivo de máxima prioridad: Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, hijo del encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán.
El ascenso de Alfredillo en la lista de los más buscados
Alfredo Guzmán Salazar, nacido en 1983, ha escalado posiciones rápidamente en la lista de criminales más buscados por la agencia antidrogas estadounidense. Actualmente ocupa el tercer lugar general en la lista de la DEA, solo detrás de Yulian Carías (alias Porky o Gordo), líder de La Mara Salvatrucha (MS-13), y se ha convertido en el segundo mexicano más buscado tras la desaparición de El Mencho.
La DEA busca a Alfredillo por múltiples cargos federales, incluyendo:
- Conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas
- Intento y conspiración para importar/exportar sustancias controladas con fines de distribución
Considerado una figura central en Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de El Chapo, Alfredillo Guzmán ahora tiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una cifra que refleja su creciente importancia en el panorama criminal mexicano.
El complejo debate sobre el terrorismo y los cárteles
Una designación con profundas consecuencias
Mientras Alfredillo Guzmán se convierte en el nuevo objetivo de la DEA, crece en paralelo un debate jurídico y político sobre la posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense. Esta medida, impulsada durante la administración de Donald Trump y que mantiene vigencia en el debate político, tendría implicaciones de gran alcance.
Según Rachel Levinson-Waldman, directora del Brennan Center for Justice, clasificar a grupos como el CJNG, el Cártel de Sinaloa o la Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) o designados terroristas globales especialmente (SDGT) resulta problemático desde múltiples perspectivas.
Los riesgos de una definición imprecisa
"Aunque estos grupos cometen delitos graves y violentos", explica Levinson-Waldman, "sus actividades no necesariamente encajan en la definición jurídica internacional de terrorismo. La orden ejecutiva estadounidense los describe como organizaciones que inundan a Estados Unidos con narcóticos y controlan el tráfico ilegal en la frontera sur, pero esta caracterización responde más a una narrativa política que a una definición legal estricta".
La especialista advierte sobre los efectos potencialmente desproporcionados de esta designación:
- Podría afectar a un alto número de personas sin vínculos reales con el narcotráfico
- Crearía consecuencias legales amplias y difíciles de contener
- Incluiría en su alcance a migrantes, ciudadanos y residentes estadounidenses con conexiones mínimas o nulas con actividades terroristas
La falta de consenso internacional
El debate trasciende las fronteras estadounidenses. Un análisis de la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que no existe consenso global sobre qué constituye terrorismo ni sobre cómo debe aplicarse esa categoría. Aunque hay condena generalizada al terrorismo como fenómeno, persisten diferencias profundas entre los Estados sobre qué actos específicos merecen esa calificación.
"La fácil disponibilidad de los narcóticos potentes ha causado un sufrimiento enorme", reconoce Levinson-Waldman, "pero el alcance de estas medidas inevitablemente atrapará e infligirá daños devastadores a un gran número de personas, tanto migrantes como ciudadanas o residentes estadounidenses, quienes tienen poca o nula conexión con el narcotráfico o el tráfico de personas, y mucho menos con el terrorismo".
Designar a los cárteles como "terroristas" abre así no solo un frente penal y financiero contra estas organizaciones, sino también una discusión jurídica y política de fondo sobre los límites de la lucha contra el crimen organizado y la protección de derechos fundamentales.
