Gobernador y Fiscal de Puebla en choque por masacre en Huehuetlán El Grande
En el municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, se registró un violento episodio que ha generado un enfrentamiento público entre las máximas autoridades estatales. El gobernador Alejandro Armenta y la fiscal Idamis Pastor han presentado versiones contradictorias sobre el hallazgo de seis cuerpos sin vida, presuntamente vinculados al crimen organizado.
Contraste de declaraciones entre autoridades
Durante un informe sobre otro incidente violento ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho”, que dejó tres fallecidos y cinco lesionados, la fiscal Idamis Pastor fue cuestionada por la prensa sobre los hechos en Huehuetlán El Grande. Pastor indicó claramente que aún no podía confirmar si el hallazgo estaba relacionado con la delincuencia organizada, destacando que las investigaciones continuaban en curso.
“El señor gobernador, yo no soy el señor gobernador, pero que adelante información, no sé por qué lo adelantó en su momento. Nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes; tal vez por el caso que está sucediendo a nivel nacional pudo haber tenido información extraordinaria el señor gobernador, la cual es muy respetable, pero nosotros nos basamos en las investigaciones que hacemos; hasta el momento, no podríamos determinar que ese fuera el caso”, declaró la fiscal, evidenciando una clara discrepancia con las afirmaciones previas del mandatario estatal.
Detalles del hallazgo en Huehuetlán El Grande
De acuerdo con información preliminar, la mañana del 24 de febrero, pobladores alertaron a la Policía Municipal sobre la presencia de cuerpos con signos de violencia en una zona rural. En el lugar fueron localizados cuatro hombres y dos mujeres, todos con impactos de arma de fuego, lo que sugiere una ejecución sumaria.
Las autoridades estatales resguardaron inmediatamente la zona, donde se encontraron indicios balísticos que podrían ser cruciales para la investigación. Un dato preocupante es que el reporte inicial no ingresó al sistema 911 debido a la falta de cobertura telefónica en el área, lo que retrasó la respuesta oficial.
Postura del gobernador Alejandro Armenta
Ese mismo día, el gobernador Armenta ofreció una versión muy diferente. Indicó que se había comunicado con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, y sostuvo enfáticamente que se trató de un hecho directamente relacionado con el crimen organizado.
“Se estima que se hizo una ejecución, también se estima que tiene que ver con delincuencia organizada; son temas que se atienden en los niveles que corresponden y estamos plenamente coordinados con las fiscalías, con Gobernación federal y con la Secretaría de Seguridad Pública federal”, afirmó Armenta, mostrando una postura firme que contrasta con la cautela de la fiscalía estatal.
Implicaciones y contexto de seguridad
Este choque de declaraciones pone en evidencia las tensiones internas en el manejo de la seguridad pública en Puebla. Mientras el gobernador busca proyectar una imagen de coordinación y certeza, la fiscalía insiste en la prudencia investigativa, basándose en evidencias concretas antes de emitir conclusiones.
El incidente ocurre en un contexto nacional donde la violencia vinculada al crimen organizado sigue siendo un desafío prioritario. La falta de cobertura telefónica en la zona, que impidió el reporte inmediato al 911, también subraya problemas de infraestructura y conectividad en áreas rurales, que pueden obstaculizar la respuesta oportuna de las autoridades.
La investigación continúa abierta, y se espera que en los próximos días se esclarezcan tanto los motivos del crimen como la posible filiación de las víctimas, lo que podría confirmar o desmentir las afirmaciones iniciales del gobernador Armenta.
