¿Cuánto vale la tranquilidad de una familia? ¿Cuál es el precio del silencio de un gobernante frente al estruendo de las ráfagas en la zona dorada de Mazatlán o Culiacán? Para los sinaloenses, el costo ha sido incalculable. Viven la peor crisis económica de su historia: 3 mil 400 negocios cerraron definitivamente, se perdieron al menos 3 mil empleos directos, afectando principalmente a servicios, turismo y restaurantes. Los toques de queda son habituales, pero lo más grave es la herida abierta en el tejido social, que no sanará con una simple solicitud de licencia.
La salida de Rocha y Gámez: ¿acto de dignidad o consecuencia?
La renuncia de Rubén Rocha Moya a la gubernatura y de Juan de Dios Gámez a la alcaldía de Culiacán no debe interpretarse como un gesto de dignidad política, sino como el resultado de una estrategia de abrazos y complicidades que terminaron por asfixiar al pueblo. Se fueron, sí, pero el inventario del horror que dejan es una bofetada a la narrativa oficial. La senadora Paloma Sánchez ha mostrado en redes sociales una radiografía estremecedora: 2 mil 645 homicidios, 3 mil 688 desaparecidos y, lo más desgarrador, 108 niños y adolescentes asesinados. ¿Cómo explicarle a una madre que su hijo es ahora una estadística de "daño colateral"?
Denuncias de complicidad política
La regidora Erika Sánchez declaró con claridad incómoda, durante la reunión de Cabildo del viernes por la noche en Culiacán, que han sido 20 meses de violencia insoportable y ocho años de traición de Morena, que abandonó al pueblo. Recordó que en cada manifestación, las madres de los desaparecidos les gritaban que si no había avances era porque estaban coludidos. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que revisar la historia reciente.
La megaalianza que Rubén Rocha habría pactado con Los Chapitos para ganar en 2021, según investigaciones en Estados Unidos, no es un rumor de pasillo. Mario Zamora, su contrincante en esa elección, declaró que la competencia no fue solo contra un candidato, sino contra una buena parte del Cártel de Sinaloa. El 6 de junio de 2021, la democracia fue secuestrada. Esa noche, al terminar la jornada electoral, Zamora tuvo que enviar un mensaje al crimen organizado pidiendo con humildad que regresaran a sus compañeros: "Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que se estaba buscando, regrésenlos por favor". Recordó casos atroces, como el de una líder de colonia en Culiacán, cuya casa fue atacada para luego secuestrarla y desnudarla. Ante tal nivel de degradación, muchos prefirieron el silencio por miedo a denunciar.
Secuestros y amenazas durante la campaña
Paola Gárate, hoy dirigente, pero entonces candidata, vivió su propio calvario al ser secuestrada por un comando de 20 personas. Fue sometida con un golpe en la cabeza y obligada a viajar sentada en las piernas de una compañera porque el auto estaba atestado de otros secuestrados. Nueve horas de terror que otros sufrieron por días. Jesús Zambrano lo confirmó con testimonios grabados y notariados; la amenaza era directa: "Si Rocha no gana, te matamos". Todo esto quedó plasmado en una denuncia de 57 páginas que los líderes de la coalición Va por México entregaron ante la OEA y la CIDH. El expediente es un catálogo de la infamia: registra mil 66 delitos y agresiones.
La violencia se ensañó en varios municipios
En Sinaloa, la violencia se concentró en Culiacán, Badiraguato, Guasave y Concordia. Se documentó cómo grupos armados inmovilizaron equipos de campaña, se apoderaron de casillas y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto por consigna. Uno de los casos más emblemáticos fue la irrupción en el domicilio de José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del PRI. Lo golpearon y secuestraron por 50 horas con un solo fin: evitar que organizara la vigilancia de las casillas. En Sinaloa, el crimen no solo participó; el crimen impuso.
¿Qué sigue ahora?
Separarse del cargo es apenas el primer paso. Lo verdaderamente difícil es reconstruir el Estado de derecho sin complicidades. La ciudadanía merece saber la verdad sobre casos como el de Óscar García Hernández, el maestro de educación física desaparecido en Mazatlán, o el de Carlos Emilio, el joven de 21 años cuya madre, Brenda Valenzuela, hoy busca en fosas ante la frialdad de una fiscalía local y federal paralizadas. Sinaloa necesita certidumbre y legalidad. El estado no puede seguir pagando las consecuencias de omisiones que huelen a pacto. La justicia se garantiza con castigo para quienes entregaron la paz de un pueblo a cambio de una silla de gobierno.
