La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encuentra analizando las solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, quienes son señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Declaraciones del vocero de la FGR
Ulises Lara López, fiscal especial y vocero de la FGR, confirmó que ya fueron notificados y que se deben cumplir todos los protocolos internacionales. “En este como en cualquier otro caso de solicitud internacional debemos cumplir con todos los protocolos”, señaló. El funcionario explicó que corresponde a la institución revisar la documentación para determinar si procede. “Es obligación de esta Fiscalía analizar la documentación recibida para analizar si existen los elementos probatorios para tal fin y sobre la viabilidad de la solicitud”, indicó. Añadió que, conforme a la legislación mexicana, se requieren datos de prueba para solicitar órdenes de aprehensión. Sin embargo, puntualizó que “dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.
Acusación de EE.UU. contra Rocha Moya y funcionarios
Este miércoles, autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la acusación, los señalados habrían participado en una red que facilitó el envío de drogas hacia territorio estadounidense. Tras darse a conocer el caso, autoridades mexicanas informaron que revisan las solicitudes de detención con fines de extradición conforme a la ley mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que recibió solicitudes por parte del Gobierno de Estados Unidos y las turnó a la FGR, que deberá determinar si existen elementos probatorios suficientes para dar trámite legal.
Detalles de los acusados
El caso involucra a 10 funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían colaborado en una red para facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, presuntamente a cambio de sobornos y apoyo político. Entre los señalados también se encuentran perfiles de seguridad y procuración de justicia, así como autoridades municipales y estatales. Las acusaciones incluyen delitos como conspiración para importar narcóticos y posesión de armas, con sanciones que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Este caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social de México, y se espera que la FGR emita un dictamen en los próximos días sobre la viabilidad de las solicitudes de extradición.
