Fiscalía de Jalisco desconoce investigación de EU sobre fraude de tiempos compartidos del CJNG
El fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de los Santos, declaró que desconoce la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vincula al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con una red de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta. Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 17 empresas y cinco personas físicas relacionadas con el esquema, el funcionario señaló que su dependencia no recibió notificación oficial sobre este caso específico.
Reconocimiento de prácticas fraudulentas en la entidad
Pese a la falta de información sobre la investigación estadounidense, el fiscal reconoció que el fraude mediante la oferta de departamentos y tiempos compartidos es una práctica detectada en Jalisco. Precisó que las indagatorias bajo jurisdicción estatal se centran en el delito de fraude, cuando se ofrecen desarrollos inmobiliarios inexistentes o condiciones engañosas. "Son prácticamente fraudes. Ofrecen departamentos o tiempos compartidos y mucha gente a veces cae", afirmó González de los Santos.
Cooperación internacional y detalles de la investigación
Sobre la relación con autoridades estadounidenses, el fiscal afirmó que existe disposición para colaborar con el Departamento del Tesoro y el Consulado, aunque puntualizó que la cooperación se activa a partir de solicitudes formales de información. Hasta ahora, no existe requerimiento por el caso de la red señalada en Puerto Vallarta. El Departamento del Tesoro colocó bajo sanción a 17 empresas mexicanas, cinco personas y al complejo turístico Kovay Gardens, identificándolo como parte de una estructura de fraude operada por el CJNG desde la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
- La medida se sustenta en órdenes ejecutivas enfocadas en combatir la proliferación de drogas ilícitas y el financiamiento a organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense.
- El Tesoro sostiene que el CJNG diversificó sus ingresos más allá del narcotráfico mediante esquemas inmobiliarios que afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.
- Según la investigación, lo que comenzó como estafas telefónicas evolucionó hacia una estructura que genera cientos de millones de dólares.
Esquema de fraude y víctimas
La operación se apoya en centros de llamadas instalados en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, donde operadores bilingües contactan a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos y Canadá con ofertas de compra, renta o supuestas gestiones legales. El esquema incluye suplantación de identidad, cobro anticipado de "impuestos" o "gastos de cierre" inexistentes, y dispersión de recursos a través de empresas fachada del sector turístico, inmobiliario y financiero. De acuerdo con el Tesoro, el modelo permite revictimizar durante años a los clientes.
- Las autoridades estadounidenses identificaron que Kovay Gardens operó bajo un esquema "integrado verticalmente": captaba compradores mediante prácticas de venta engañosas y luego compartía su base de datos con centros de llamadas vinculados al CJNG para ejecutar fraudes de reventa.
- Entre los sancionados figura el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco Carlos Rivera Aceves, junto con un entramado empresarial presuntamente utilizado para mover recursos.
- También fueron designados operadores regionales ligados al CJNG en Nayarit, bajo el mando de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".
Impacto financiero y sanciones
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción busca desmantelar las fuentes de financiamiento del cártel, tanto por tráfico de fentanilo como por fraudes financieros. Como resultado de las sanciones, quedaron bloqueados los bienes e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses, y se prohíben transacciones con las personas y entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Datos del FBI, citados por el Tesoro, indican que entre 2019 y 2023 al menos 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido en México. Solo en 2024 se registraron unas 900 denuncias adicionales con pérdidas superiores a 50 millones de dólares, aunque las autoridades reconocen un subregistro considerable.
