Juez federal protege a 'El Güero' Palma con amparo contra maltrato en prisión
Héctor Palma Salazar, conocido como 'El Güero' Palma y reconocido como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, ha obtenido una medida de protección judicial significativa. Un juez federal ha intervenido en su favor, ordenando al director del penal de máxima seguridad del Altiplano que cese inmediatamente las prácticas de incomunicación y tortura que sufría el recluso.
La demanda de amparo y sus fundamentos
A través de su abogado defensor, José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, el sinaloense presentó una demanda de amparo donde detalló una serie de violaciones a sus derechos humanos dentro del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Entre los reclamos principales se encuentran:
- Aislamiento e incomunicación prolongada
- Maltrato psicológico y tortura física
- Estado de estrés constante derivado de estas condiciones
En este centro penitenciario, Palma Salazar se encuentra actualmente acusado de presunto homicidio calificado, un cargo que lo mantiene recluido a pesar de haber sido absuelto previamente de delincuencia organizada.
La decisión judicial histórica
El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, con residencia en Toluca, admitió a trámite la demanda y concedió una suspensión de plano respecto a las prácticas denunciadas. En su determinación, el juzgador fue claro y contundente:
"Concesión de la suspensión de plano respecto de la incomunicación -así como la tortura ocasionada- y a cualquier acto tendiente a que se continúe con ella. Notifíquese personalmente y cúmplase", estableció el documento judicial.
Contexto legal del caso
La situación legal de 'El Güero' Palma es particularmente compleja. En mayo de 2023, un Tribunal de Apelación lo absolvió del delito de delincuencia organizada, lo que parecía acercarlo a recuperar su libertad. Sin embargo, justo cuando se preparaba para abandonar la prisión de máxima seguridad, las autoridades le notificaron una nueva orden de aprehensión.
Esta orden corresponde al delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, por hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero. Este caso pendiente es precisamente lo que ha mantenido al narcotraficante recluido en el penal del Altiplano, donde ahora ha denunciado las condiciones de su encarcelamiento.
La concesión de este amparo representa un capítulo significativo en el prolongado proceso judicial de uno de los narcotraficantes más emblemáticos de México, destacando además las condiciones carcelarias que enfrentan los reclusos de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario federal.
