El juzgado tercero de Distrito en Michoacán otorgó un amparo al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, con el objetivo de impedir su detención y extradición mientras se resuelve el juicio iniciado por su defensa legal. La decisión fue tomada el pasado 1 de mayo por el juez Rafael Linares Rivera, quien aceptó revisar la demanda presentada por el exfuncionario y ordenó suspender cualquier intento de extradición o captura que no cuente con autorización judicial.
Detalles del amparo concedido a Gerardo Mérida
Gracias a esta resolución judicial, Gerardo Mérida Sánchez no podrá ser entregado a otro país ni abandonar el territorio nacional mientras el proceso esté en curso. Asimismo, cualquier orden de aprehensión deberá ser autorizada por el juez encargado del caso. El expediente fue registrado con el número IV-539/2026, lo que marca el inicio formal del juicio de amparo. El objetivo principal es determinar si las posibles órdenes de detención o extradición cumplen con los lineamientos establecidos en la Constitución mexicana.
El juzgado tercero de Distrito también programó una segunda audiencia para el próximo 1 de junio de 2026 a las 10:00 de la mañana, donde se evaluarán los avances del caso.
Acusaciones de Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad
Gerardo Mérida Sánchez, general de división en retiro, enfrenta acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las autoridades estadounidenses lo relacionan con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, y aseguran que habría recibido sobornos mensuales de 100 mil pesos a cambio de brindar protección y facilitar operaciones de tráfico de drogas.
De acuerdo con las denuncias, estos hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024, periodo en el que Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Hasta el momento, no se ha informado sobre una postura pública del exfuncionario respecto a las acusaciones emitidas por las autoridades de Estados Unidos.
La audiencia programada para junio será determinante para definir el rumbo del proceso judicial y las medidas legales que permanecerán vigentes contra el exsecretario de Seguridad.
