Revocan liberación de policías de Ecuandureo vinculados al CJNG en Michoacán
Una magistratura de la Sala Unitaria Penal ha determinado revocar la resolución que concedió la salida de suspensión condicional del proceso a once policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, quienes están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión se tomó tras analizar una apelación presentada por la Fiscalía General del Estado, la cual fue declarada fundada por el Poder Judicial de Michoacán (PJM).
Reconducción a proceso y nuevas medidas
Como resultado de esta revocación, se ha ordenado la reconducción de los imputados a proceso y se ha solicitado la designación de un juez diverso para el caso. Este nuevo juez deberá convocar a una audiencia en un plazo de 48 horas, donde se resolverá la imposición de medidas cautelares apropiadas, en cumplimiento de la ejecutoria judicial emitida.
Investigación contra el juez inicial
En un desarrollo paralelo, el Tribunal de Disciplina Judicial, actuando de manera oficiosa a través de la Comisión de Disciplina Judicial, ha solicitado a la Unidad de Investigación que inicie la integración de una investigación en contra del juez que llevó el caso en un primer momento. Esto se debe a la posible comisión de una falta administrativa relacionada con la concesión de la salida alterna a los policías.
Se planteó la necesidad de implementar una medida cautelar de suspensión contra esta persona juzgadora, solicitud que fue concedida en una sesión extraordinaria de la Comisión de Disciplina Judicial. El PJM ha asegurado que todas las actuaciones y diligencias se realizarán apegadas a derecho, garantizando plenamente el derecho de defensa, audiencia y debido proceso del juez investigado.
Contexto y garantías procesales
El caso subraya los esfuerzos por fortalecer la integridad judicial en Michoacán, un estado que ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad y corrupción. Las autoridades han enfatizado que el proceso seguirá los estándares legales más estrictos, asegurando que la justicia se administre de manera transparente y equitativa.
Esta decisión marca un punto crucial en la lucha contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho en la región.
