Tequila, Jalisco: Un hito en la lucha por la autoridad estatal
Los eventos recientes en Tequila, Jalisco, podrían marcar un punto de inflexión crucial: una señal clara de que el Estado mexicano posee la capacidad y la voluntad firme para recuperar territorios, reconstruir su autoridad y confrontar seriamente la gobernanza criminal que se ha extendido en numerosas regiones del país. Durante años, muchos municipios en México han estado sometidos a una presión constante de grupos delictivos que, en la práctica, ejercen un poder paralelo. Controlan rutas de transporte, establecen horarios, regulan actividades económicas, imponen sanciones y, en muchos casos, reemplazan a las autoridades legítimas. En estas zonas, la violencia ha dejado de ser un evento excepcional para convertirse en la norma cotidiana.
Un fenómeno extendido y sus raíces históricas
Episodios como los recurrentes estallidos de violencia en Culiacán, los conflictos armados en regiones de Michoacán o la inestabilidad persistente en áreas de Guerrero demuestran que este problema no es aislado. Se trata de una dinámica generalizada en la que el control territorial del Estado ha sido erosionado de manera gradual pero sistemática en amplias partes de México. Esta realidad no surgió de repente; es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, abandono local, corrupción tolerada y falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. En muchas regiones, los grupos criminales ya no son meras organizaciones ilegales: se han convertido en poderes territoriales de facto que influyen en decisiones públicas, condicionan procesos electorales, controlan mercados y moldean dinámicas sociales.
Lecciones internacionales y el riesgo de consolidación
Este fenómeno no es exclusivo de México. Durante décadas, amplias zonas de Colombia estuvieron bajo el control de carteles y grupos armados que asumieron funciones estatales. Más recientemente, El Salvador emprendió una estrategia de confrontación frontal contra estructuras criminales, con resultados controvertidos, pero que ilustran una premisa central: sin control territorial, no puede existir un Estado efectivo. La experiencia internacional también ofrece lecciones desde contextos más extremos. En países como Irak y Siria, el debilitamiento prolongado de las instituciones permitió la expansión de actores armados como el Estado Islámico, que llegó a administrar territorios completos, recaudar impuestos y ejercer justicia paralela. En Líbano, la consolidación de Hezbollah como poder político-militar muestra cómo la coexistencia prolongada entre Estado y actores armados termina por institucionalizar órdenes híbridos.
Estos casos extremos revelan una constante: cuando el Estado tolera durante demasiado tiempo la pérdida de control territorial, los poderes paralelos se consolidan, adquieren legitimidad social y se vuelven cada vez más difíciles de desmantelar. Recuperar la autoridad implica, entonces, costos crecientes y riesgos mayores. Por eso, los momentos en que el Estado decide actuar con determinación adquieren un valor estratégico fundamental.
El caso de Tequila y el camino a seguir
En este contexto, lo sucedido en Tequila resulta particularmente relevante. Muestra que, cuando existe voluntad política y coordinación institucional, es posible romper inercias establecidas. No fue solo un operativo aislado; fue una señal clara de presencia estatal en un territorio donde la autoridad había sido puesta en duda. Sin embargo, sabemos que una intervención aislada no cambia una realidad estructural. Si lo de Tequila se queda en un gesto simbólico, su impacto será limitado. La verdadera prueba comienza con acciones contundentes de desmantelamiento real, seguidas por el fortalecimiento de policías locales, la depuración administrativa, el respaldo efectivo a jueces y fiscales, la reconstrucción de capacidades municipales y un acompañamiento social sostenido.
Sin instituciones sólidas, no hay victoria duradera. Sin presencia permanente, no hay autoridad real. La gobernanza criminal prospera donde el Estado es débil, ausente o capturado. Se alimenta de la impunidad, de la corrupción y del abandono. Combatirla exige decisiones incómodas, inversiones sostenidas y costos políticos. También requiere claridad conceptual: no se trata solamente de detener delincuentes, sino de recuperar funciones básicas del poder público, como la seguridad, la justicia, la regulación y el orden. Cuando esas funciones se delegan de facto a actores ilegales, la soberanía pierde contenido esencial.
Una oportunidad para el futuro
Tequila abre una ventana de oportunidad. Muestra que es posible intervenir, recomponer y enviar una señal distinta. Puede convertirse en un precedente para una política más ambiciosa de recuperación territorial, como lo hicieron —con mayor o menor éxito— otros países que enfrentaron procesos similares. O puede diluirse en la rutina de las crisis pasajeras. Si se asume el reto con seriedad, Tequila puede marcar el inicio de una etapa distinta: la de la reconstrucción de la autoridad con firmeza y sensibilidad social. Si no, será solo otro capítulo más en una historia que los mexicanos ya conocen demasiado bien. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad; es la vigencia misma del Estado en amplias zonas del país. Y eso, en cualquier democracia, debería ser una prioridad absoluta.
