La detención del alcalde de Tequila: ¿Un punto de inflexión o un mero parche en la lucha contra el crimen en Jalisco?
La reciente captura del alcalde de Tequila, Diego N., junto con sus secuaces, ha generado un intenso debate en el estado de Jalisco. Muchos se preguntan si este evento marca el comienzo de una política seria y sostenida para combatir al crimen organizado, o si simplemente es un episodio aislado destinado a apaciguar la opinión pública. Por desgracia, la evidencia sugiere que estamos ante lo segundo, un hecho reactivo más que una estrategia proactiva.
Los excesos que llevaron a la caída: un patrón preocupante
Diego N. cayó no por una investigación meticulosa de las autoridades, sino por sus propios excesos. Al sentirse protegido por el cártel, cometió el error garrafal de meterse con la empresa tequilera más grande de México. Si no hubiera cruzado esa línea, probablemente seguiría gobernando y extorsionando impunemente, al igual que el exalcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago.
En Teuchitlán, fue el valor inquebrantable del colectivo Guerreras Buscadoras, madres que entraron al Rancho Izaguirre y expusieron al mundo el horror allí ocurrido, lo que detonó la acción. Sin esa presión, Murguía Santiago seguiría en el poder, en aparente santa paz con el cártel, y el rancho permanecería bajo la "custodia" de la Fiscalía del Estado de Jalisco, una entidad que, según los resultados, parecía más interesada en asegurar la impunidad que en impartir justicia.
La presión social como motor de cambio: una lección clave
En ambos casos, lo que movió a las autoridades no fue la inteligencia policial, la voluntad política o eslóganes como "no somos iguales". Fue la presión mediática y la acción de actores sociales: un empresario en Tequila y una organización civil en Teuchitlán. Esto subraya una realidad cruda: los gobiernos, tanto estatal como federal, suelen actuar solo cuando la presión social se vuelve insostenible.
Como Tequila y Teuchitlán, hay decenas de municipios en Jalisco y cientos en todo México sumidos en la misma problemática. La pregunta incómoda que debemos hacernos es: ¿cuál es la estrategia real del gobierno del Estado y del gobierno federal para abordar esta crisis? A juzgar por los hechos, parece que la única estrategia es esperar a que no ocurra otra tragedia, como el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el secuestro de mineros en Concordia, Sinaloa, o la extorsión a limoneros en Michoacán.
Mirando hacia el futuro: la necesidad de una estrategia integral
La paz no se construye apagando fuegos mediáticos, por muy útiles que estos sean para obligar a las autoridades a ver lo que prefieren ignorar. Es justo reconocer la acción del gobierno federal y estatal en Tequila, pero esto debe ser solo el primer paso. ¿Qué sigue después de estas detenciones? Se requiere un plan integral que vaya más allá de las reacciones puntuales, uno que incluya inteligencia, coordinación interinstitucional y, sobre todo, la voluntad política para enfrentar de raíz el flagelo del crimen organizado.
La lección es clara: sin la presión constante de la sociedad civil, los avances serán esporádicos y superficiales. Es hora de que los gobiernos demuestren con hechos que su compromiso con la seguridad y la justicia es genuino y sostenido.
