El Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó una solicitud formal de licencia sin goce de sueldo, luego de ser acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de narcotráfico. Según documentos oficiales, se le vincula con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
Mediante un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Castro Zaavedra manifestó su total disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes. La FGE indicó que la solicitud se sustenta en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento; así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal.
Trayectoria y vínculos
El exvicefiscal Castro Zaavedra cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro del sistema judicial mexicano. Su llegada a la vicefiscalía se dio en 2021, coincidiendo con el inicio de la actual administración estatal. Sin embargo, su implicación en este caso lo sitúa ahora como un vínculo clave entre estructuras gubernamentales y el crimen organizado.
Castro Zaavedra es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por Estados Unidos de narcotráfico, secuestro y tráfico de armas, donde destaca el nombre del exgobernador Rubén Rocha Moya. La acusación pone de relieve la presunta infiltración del crimen organizado en instituciones de procuración de justicia en Sinaloa.
Reacciones y contexto
La solicitud de licencia se produce en un contexto de creciente presión sobre las autoridades estatales para que colaboren con las investigaciones internacionales. La FGE ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad, mientras que la defensa de Castro Zaavedra aún no se ha pronunciado oficialmente. El caso ha generado controversia en el ámbito político y judicial, pues pone en entredicho la independencia del sistema de justicia en la región.
