Vinculan a proceso a tres presuntos miembros del CJNG por narcomenudeo y cohecho
Un juez de control vinculó a proceso a tres presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. Los hombres fueron detenidos el pasado domingo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y durante su aprehensión ofrecieron un soborno de 300 mil pesos a los agentes policiales para evitar su detención.
Detalles de la captura y audiencia inicial
La captura ocurrió en la intersección de Avenida del Trabajo y Calle Peñón, en la colonia Morelos, cuando los sujetos fueron sorprendidos intercambiando droga. Dos de ellos se encontraban dentro de un automóvil con placas de Sinaloa, mientras que el tercero estaba parado a un costado con una mochila negra. Durante el operativo, se les incautaron al menos cinco envoltorios con mariguana.
En la audiencia inicial, realizada en las salas de oralidad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para la conclusión de la investigación complementaria. Los imputados, según sus propias declaraciones, admitieron su pertenencia al CJNG, lo que agrava los cargos en su contra.
Contexto y relevancia del caso
Este caso destaca la persistente actividad del crimen organizado en la capital del país, específicamente en zonas como Cuauhtémoc, donde el narcomenudeo y la corrupción representan desafíos significativos para las autoridades. La vinculación a proceso y la prisión preventiva reflejan los esfuerzos del sistema judicial para combatir estos delitos, aunque también subrayan la audacia de los presuntos criminales al intentar sobornar a los policías en el momento de su arresto.
Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos con otras redes delictivas y profundizar en las operaciones del CJNG en la región. Este incidente se suma a una serie de capturas recientes relacionadas con el cartel, evidenciando la necesidad de estrategias coordinadas entre fuerzas de seguridad y el poder judicial.
