Ante la reciente ola de violencia en la región de Tula de Allende, autoridades estatales y federales pusieron en marcha un operativo permanente de seguridad con el despliegue de más de 600 elementos en varios municipios del suroeste de Hidalgo. La medida busca contener la incidencia delictiva y proteger a la población.
Refuerzo en municipios clave
El operativo se concentra en Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula. En estas localidades se realizan patrullajes terrestres, acciones de prevención del delito y labores de investigación para garantizar la seguridad ciudadana.
En las tareas participan la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Más de 300 efectivos federales se sumaron a los operativos que ya se realizaban en la zona.
Detalles del despliegue
Según información oficial, el despliegue total asciende a 620 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial, Policía Investigadora y corporaciones estatales. Todos operan de manera coordinada en puntos considerados estratégicos.
Entre las primeras acciones destacan dos cateos en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, con el objetivo de esclarecer hechos recientes y debilitar las estructuras delictivas en la región.
Denuncia de abuso policial contra adulto mayor
En otro hecho, un presunto abuso de autoridad por parte de policías municipales de Huasca de Ocampo contra un adulto mayor fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a agentes interceptando al hombre, que conducía un Volkswagen gris, y obligándolo a descender violentamente para luego esposarlo.
Usuarios calificaron el hecho como uso excesivo de la fuerza. Tras la detención, el adulto mayor fue trasladado en una patrulla, mientras otro policía abordó el vehículo particular y lo retiró del lugar sin seguir un protocolo oficial ni solicitar una grúa.
Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la detención ni si el conductor representaba un peligro. Pobladores exigen una investigación imparcial y revisión de los procedimientos policiales para determinar si hubo violaciones a derechos humanos.
El Ayuntamiento de Huasca de Ocampo no ha emitido pronunciamiento oficial al cierre de esta edición.
