Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con la Policía Ministerial, llevaron a cabo un cateo en un anexo ubicado en el municipio de Apodaca, luego del fallecimiento de una mujer que se encontraba interna en dicho centro de rehabilitación.
Detalles del operativo
El operativo se realizó la mañana de este miércoles en el inmueble conocido como "Centro de Rehabilitación Integral", donde las autoridades buscaban recabar evidencias sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte de la interna, identificada como María de los Ángeles de 32 años.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría presentado síntomas de malestar durante la noche anterior, pero no recibió atención médica oportuna. Horas después, fue encontrada sin vida en su habitación.
Investigación en curso
La Fiscalía Especializada en Feminicidios abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia o maltrato por parte del personal del anexo. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados de la autopsia practicada al cuerpo.
Familiares de la fallecida denunciaron que el centro operaba de manera irregular y que no contaba con los permisos necesarios para funcionar como institución de rehabilitación. Asimismo, señalaron que habían reportado con anterioridad malos tratos hacia los internos.
Antecedentes del centro
El anexo, que funcionaba en una casa de dos plantas en la colonia Las Flores, ya había sido objeto de quejas por parte de vecinos debido al ruido y a la presencia de personas en situación de calle. Sin embargo, las autoridades municipales no habían tomado medidas al respecto.
Con este cateo, la Fiscalía busca determinar si existen más víctimas o si se cometieron otros delitos dentro del inmueble. Se aseguraron documentos, teléfonos celulares y otros objetos que podrían ser de interés para la investigación.
Reacciones
La Secretaría de Salud del Estado informó que revisará los registros de todos los anexos y centros de rehabilitación para verificar que cumplan con la normatividad vigente. Por su parte, organizaciones civiles exigieron justicia para la víctima y pidieron una regulación más estricta de estos establecimientos.
El caso ha generado indignación entre la ciudadanía, que demanda acciones contundentes contra quienes operan estos centros de manera ilegal y ponen en riesgo la vida de las personas.
