Violencia Vicaria en Yucatán: Madre lucha contra FGE para activar Alerta Amber por su hijo
Violencia Vicaria: FGE Yucatán niega Alerta Amber a madre

Violencia Vicaria en Yucatán: Madre enfrenta resistencia de FGE para activar Alerta Amber

En un caso que ha conmocionado a la sociedad yucateca, Guadalupe Ávila se ha convertido en la voz de la lucha contra la violencia vicaria, denunciando que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán se ha negado rotundamente a activar la Alerta Amber tras la desaparición de su hijo, Matías Eliam Padilla Ávila, de 12 años. El menor fue sustraído el pasado 28 de febrero por su padre, Erick Humberto Padilla Chan, señalado por antecedentes de violencia familiar, lo que ha sumergido a la madre en un laberinto burocrático y legal.

Un camino lleno de obstáculos institucionales

La travesía de Guadalupe comenzó el mismo día de la desaparición, cuando acudió a la agencia 29 de la FGE, ubicada en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODENNAY). Pese a la urgencia del caso, el personal se limitó a informar que enviarían oficios a las autoridades, pero se negó a publicar la ficha de búsqueda. "Pedí que activaran la Alerta Amber y dijeron que no; que primero girarían oficios para determinar si era necesario. Acudí al área de personas desaparecidas de la Fiscalía, les expliqué que había antecedentes de violencia y, aun así, se negaron", relató Guadalupe en una entrevista con medios locales.

Recurso a la justicia federal ante la inacción

Ante la resistencia institucional, Guadalupe tuvo que recurrir a la justicia federal para obligar a la FGE a activar la Alerta Amber. Con el respaldo del abogado Moisés Velázquez, se promovió el juicio de garantías 513/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito. El litigante señaló que "la Fiscalía niega la Alerta Amber bajo el argumento de realizar 'actos de investigación', ignorando que el artículo 4° Constitucional obliga a las autoridades a velar, por encima de todo, por el interés superior del menor". Este proceso ha expuesto las fallas en la coordinación entre instancias, ya que el Juzgado Séptimo Mixto de lo Civil y Familiar, que otorgó la custodia legal a Guadalupe, afirmó haber enviado a un actuario al domicilio de Erick Padilla sin resultados, pero los tiempos no coinciden, según la madre.

Cifras que revelan una problemática más amplia

La efectividad de la justicia en casos de violencia vicaria en Yucatán es cuestionable. Desde que este delito se reconoció en la ley estatal en 2022 y hasta enero de 2026, la FGE ha registrado apenas 14 denuncias, de las cuales ninguna ha sido judicializada. En contraste, el Consejo de la Judicatura del Estado reporta 17 juicios por violencia vicaria en curso, lo que evidencia una disparidad entre las carpetas de investigación y los procesos familiares. Esta situación refleja un patrón de ineficacia que afecta a víctimas como Guadalupe, quien confesó: "No he podido dormir. Siento una angustia profunda porque sé lo que implica la violencia vicaria; tengo amistades que llevan años intentando rescatar a sus hijos y las carpetas solo se acumulan sin solución".

Antecedentes de violencia y una desaparición planeada

La relación entre Guadalupe y Erick, que inició en unión libre, estuvo marcada por episodios de violencia familiar. Guadalupe recordó que en una ocasión, Erick la sacó de la casa que compartían, obligándola a refugiarse con su hijo, entonces de apenas dos años, en la Fiscalía de la Mujer. Otro incidente violento ocurrió el 24 de diciembre de 2017, cuando Erick agredió físicamente al padre de Guadalupe, un adulto mayor, provocándole fracturas en la nariz y la mandíbula. Tras la separación definitiva en 2018, ella obtuvo la custodia de Matías, estableciendo un régimen de convivencia que funcionó de manera irregular hasta hace unas semanas. Guadalupe asegura que Erick planeó desaparecer con su hijo, ya que solicitó una licencia sin goce de sueldo en su trabajo en el IMSS, un trámite que suele tardar hasta 15 días en aprobarse.

Este caso no solo pone en evidencia las deficiencias en la aplicación de protocolos como la Alerta Amber, sino que también subraya la necesidad de una reforma urgente en la atención a víctimas de violencia vicaria en México. La lucha de Guadalupe continúa, mientras Matías Eliam sigue desaparecido, y la esperanza de su regreso se desvanece entre la burocracia y la indiferencia institucional.