Productores de ajo en México exigen frenar importación ilegal china por riesgo sanitario
Productores agrícolas de todo el país han elevado una denuncia formal en el Senado de la República contra la entrada ilegal de ajo chino a territorio mexicano. Según sus declaraciones, este ingreso irregular cuenta con la presunta complicidad de autoridades aduanales y evade por completo la supervisión sanitaria correspondiente, lo que representa un doble peligro: competencia desleal para el campo nacional y un riesgo grave para la salud de los consumidores.
Denuncia estructural y falta de acción gubernamental
Las senadoras del PRI, Claudia Anaya Mota y Meli Romero Celis, advirtieron que el problema trasciende hechos aislados, constituyéndose en una práctica reiterada y estructural que ha sido ampliamente documentada por los integrantes del Sistema Producto Ajo. Los representantes de este sistema productivo señalaron con preocupación que, a pesar de las múltiples denuncias interpuestas, las autoridades federales han optado por ignorar los reclamos, ya sea por ineptitud o por complicidad directa.
Entre las fallas institucionales denunciadas se encuentran:
- La falta de procedimientos actualizados para investigar estos casos de importación ilegal.
- La negativa recurrente del SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para realizar inspecciones en campo.
- La ausencia de seguimiento efectivo a las quejas presentadas, lo que permite la perpetuación del problema.
Expansión del mercado ilegal y alerta sanitaria
Los productores alertaron que la presencia de ajo chino ilegal se ha incrementado significativamente en mercados de estados clave como:
- Zacatecas
- Guanajuato
- Jalisco
Así como en importantes ciudades como León, Monterrey, Aguascalientes y la Ciudad de México. Esta situación mantiene en alerta máxima a toda la cadena productiva del ajo en México, que exige acciones inmediatas y contundentes para frenar la ilegalidad, proteger la salud pública y defender la economía del campo nacional.
Riesgo sanitario y competencia desleal
De acuerdo con la senadora Claudia Anaya Mota, el Sistema Producto Ajo ha presentado denuncias formales ante:
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno
- La Secretaría de Economía
Sin embargo, hasta ahora no existe una respuesta contundente por parte de estas instancias. Uno de los aspectos más preocupantes, subrayó la legisladora, es el alto riesgo sanitario que representa el ajo que ingresa de manera ilegal al país. Al no contar con inspecciones ni controles, este producto evade por completo la supervisión del SENASICA, por lo que puede estar contaminado con:
- Bacterias peligrosas
- Hongos nocivos
- Otros agentes patógenos
"Es muy importante divulgar esta información para que los ciudadanos sepan distinguir que hay ajo ilegal en el país, un ajo que puede ser peligroso para la salud", afirmó Anaya Mota. Además, denunció que esta práctica constituye una competencia desleal que desplaza a los productores mexicanos, quienes sí cumplen rigurosamente con todas las normas fitosanitarias, fiscales y de calidad establecidas. En ese contexto, exigió a las autoridades aduanales dejar de actuar como una "coladera" que permite el ingreso indiscriminado de productos sin autorización, afectando gravemente la economía rural.
Abandono histórico del campo mexicano
A su vez, la senadora Mely Romero Celis advirtió que desde hace al menos siete años el campo mexicano enfrenta un abandono sistemático, marcado por la corrupción y la negligencia institucional. Lamentó profundamente que el gobierno federal haya eliminado incentivos cruciales para los productores y llamó a atender de manera urgente esta y otras problemáticas que están llevando a la quiebra a miles de familias campesinas en todo el territorio nacional.
La situación descrita por las senadoras y los productores refleja una crisis multifacética que combina fallas en la regulación aduanal, riesgos para la salud pública, competencia económica injusta y un aparente desinterés gubernamental por el sector agroalimentario nacional. La presión legislativa y social busca ahora forzar una respuesta coordinada y efectiva que proteja tanto a los consumidores como a los productores locales.
