PRI en el Senado impulsa reforma histórica para reconocer corredores públicos como fedatarios agrarios
Ante la creciente demanda del sector agrario mexicano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores está impulsando una reforma significativa a la Ley Agraria. La iniciativa busca otorgar reconocimiento oficial a los corredores públicos como fedatarios facultados en materia agraria, una medida que podría transformar la vida jurídica en las comunidades rurales del país.
La realidad del territorio nacional: más del 50% en propiedad social
El senador priista por Morelos, Ángel García Yáñez, explicó detalladamente la situación actual: "Más del 50% del territorio nacional se encuentra bajo el régimen de la propiedad social, ejidos y comunidades". Esta cifra no es menor, pues refleja la enorme relevancia de estos sistemas para:
- La producción de alimentos a nivel nacional
- La preservación de nuestras raíces culturales
- El desarrollo rural sostenible del país
Sin embargo, el legislador reveló una paradoja preocupante: a pesar de esta importancia fundamental, la vida agraria enfrenta una grave falta de certeza jurídica. Muchos de los actos que se realizan dentro de los núcleos agrarios carecen del respaldo legal adecuado.
Los problemas concretos que enfrentan ejidatarios y comuneros
García Yáñez enumeró las transacciones que actualmente sufren de inseguridad jurídica:
- Transmisión de derechos parcelarios
- Convenios de sucesión
- Contratos de aprovechamiento de tierras
- Constitución de sociedades rurales
"Estos temas requieren de fe pública para garantizar legalidad, transparencia y respeto pleno a la voluntad de las y los campesinos", afirmó el senador.
El problema central, según su análisis, radica en que la Ley Agraria actual solo reconoce a los notarios públicos para estos efectos. La realidad del país muestra que en amplias regiones del territorio nacional no existe presencia notarial suficiente. Esta situación obliga a ejidatarios y comuneros a:
- Recorrer grandes distancias
- Asumir costos elevados
- Enfrentar trámites complejos
- Proceder muchas veces sin acompañamiento adecuado
La propuesta concreta: reformar la Ley Agraria
La iniciativa presentada por García Yáñez propone reformar diversos artículos de la legislación agraria para que los corredores públicos cuenten, al igual que los notarios, con fe pública otorgada por el Estado.
"Ellos también cuentan con formación especializada en medición, arbitraje y evaluación", estableció el legislador, destacando que estas herramientas resultan especialmente valiosas en contextos donde la prevención de conflictos y la solución de controversias son fundamentales.
Impacto esperado de la reforma
El senador del PRI consideró que incorporar a los corredores públicos significaría:
- Brindar a campesinos más herramientas para ejercer sus derechos con igualdad
- Reducir la conflictividad agraria
- Prevenir litigios largos y costosos
- Fortalecer la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado
"Sin certeza jurídica no puede haber desarrollo sostenible, no puede haber paz social, no puede exigirse verdadera igualdad", advirtió García Yáñez al presentar su iniciativa.
Principios constitucionales que respaldan la reforma
El legislador aseguró que esta incorporación no responde a una lógica de competencia entre profesiones, sino a un principio de justicia social. El objetivo es claro:
- Acercar los servicios de legalidad a las comunidades rurales
- Ampliar la cobertura territorial
- Reducir las desigualdades en el acceso a la certeza jurídica
"Con esta reforma el Estado mexicano estaría honrando lo que establece el artículo 17 de nuestra Constitución", afirmó, refiriéndose a la garantía del acceso pleno a la justicia para todas y todos. Simultáneamente, se fortalecería el espíritu del artículo 27 constitucional, orientado a proteger la tenencia de la tierra y consolidar el carácter social de la propiedad ejidal y comunal.
García Yáñez concluyó con convicción: "Estoy convencido que con la reforma damos un paso firme hacia un México en que los hombres y mujeres del campo puedan ejercer sus derechos con la misma seguridad, con la misma dignidad, y con las mismas oportunidades que cualquier ciudadano".
