La deuda pública en México suele discutirse desde dos polos opuestos. En uno, se minimizan por completo las señales de presión. En el otro, se interpreta cualquier deterioro como antesala de una crisis. Ninguna de las dos lecturas ayuda demasiado en la coyuntura actual. La realidad es menos dramática, pero también menos cómoda: la deuda mexicana no es hoy un problema de solvencia, aunque sí exige disciplina, atención y buenas decisiones para no convertirse en uno.
Niveles actuales de deuda
Al cierre de febrero de 2026, el saldo de la deuda pública ampliada, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, se ubicó en 18.69 billones de pesos, equivalentes a 49.8% del PIB. No es un nivel menor, pero tampoco uno que por sí mismo sugiera una trayectoria fuera de control. Se mantiene muy por debajo del nivel de las economías avanzadas y de algunas economías emergentes de calificación similar. A eso se suma que la deuda mexicana conserva una estructura relativamente favorable, con una alta proporción en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo. Eso reduce la exposición a choques cambiarios, ajustes bruscos en tasas o episodios de refinanciamiento más complejos.
Costo financiero y carga fiscal
En este sentido, el punto no es únicamente cuánto debe el país, sino cuánto cuesta sostener esa deuda y cuánto margen le deja al gobierno para atender otras prioridades. En el primer bimestre de 2026, el costo financiero ascendió a 157 mil 153 millones de pesos, una cifra equivalente a 10.3% del gasto total ejercido en ese periodo. Aunque representó una caída real anual de 6.4%, sigue siendo una carga suficientemente grande como para exigir una administración cuidadosa del déficit y del espacio fiscal disponible. No es una crisis, pero tampoco una cifra que permita complacencia.
El uso de la deuda: clave para la sostenibilidad
Endeudarse no es malo por definición. Para cualquier Estado moderno, la deuda forma parte normal del manejo de las finanzas públicas. Puede servir para suavizar ciclos, atender choques temporales o financiar inversiones cuyos beneficios se extienden durante muchos años. Lo problemático no es la deuda en sí, sino el uso que se le da. Endeudarse para sostener inercias improductivas, cubrir desequilibrios permanentes o posponer ajustes necesarios sí termina saliendo caro. Endeudarse para financiar proyectos que impulsen actividad en el corto plazo y fortalezcan la capacidad productiva hacia adelante es otra cosa.
La importancia del crecimiento económico
Y aquí aparece una distinción importante. La sostenibilidad de la deuda no depende solo del saldo acumulado. También depende de la capacidad del país para crecer. Dicho de otra forma, la discusión no debería limitarse al numerador de la razón deuda/PIB; también hay que pensar en el denominador. Si la economía crece más, la deuda relativa pesa menos. Un crecimiento de 0.6% como el de 2025 no ayuda en mucho. Bajo esa lógica, la deuda orientada a financiar inversión en infraestructura ocupa un lugar distinto. Bien planeada y bien ejecutada, no es solo una presión financiera inicial, sino una inversión que puede elevar productividad, reducir cuellos de botella y sostener un mayor crecimiento en el tiempo. Eso importa mucho, porque una economía con más capacidad de crecer también tiene más capacidad de absorber y sostener su deuda. En ese sentido, el espacio fiscal que la infraestructura utiliza hoy puede traducirse mañana en una deuda más manejable. Esto es especialmente importante si se considera que para 2026 el gobierno proyecta un costo financiero de 1.57 billones de pesos, equivalente a 4.1% del PIB.
Asociaciones público-privadas como alternativa
Justamente por eso, en un contexto de recursos públicos más apretados, la respuesta del gobierno debería enfocarse en cómo seguir construyendo infraestructura sin cargar todo el peso sobre el presupuesto público. Ahí es donde las asociaciones público-privadas y la participación del capital privado en la construcción, financiamiento y operación de proyectos adquieren mayor relevancia. Bien diseñados, estos esquemas permiten que las obras se sigan haciendo, distribuyen mejor los riesgos y ayudan a convertir una restricción fiscal en un activo productivo para el país.
Conclusión: sostenibilidad que debe cuidarse
La deuda pública de México sigue siendo sostenible. Pero la sostenibilidad no es un sello permanente, sino una condición que debe cuidarse. Se preserva con disciplina fiscal, con buena estructura financiera, con inversión inteligente y, sobre todo, con crecimiento. Al final, una parte central del reto consiste en que el crecimiento económico deje de ser el componente ausente de la ecuación fiscal. La deuda no se vuelve peligrosa por existir. Se vuelve peligrosa cuando deja de estar al servicio del desarrollo.
