Senadores buscan poner freno al hostigamiento en cobranzas bancarias
El creciente problema de las llamadas de despachos de cobranza, que afecta a miles de mexicanos, ha motivado una iniciativa legislativa para regular las prácticas de cobranza bancaria extrajudiciales. Los senadores pretenden frenar el hostigamiento sistemático hacia usuarios de servicios financieros y establecer sanciones económicas que podrían alcanzar hasta un millón de pesos para quienes incurran en estas acciones abusivas.
Un teléfono "secuestrado" por llamadas constantes
El senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, ilustró la gravedad del problema con un ejemplo contundente: "624 llamadas en 24 horas; descuenten ustedes las horas en las que no se puede llamar, es decir, el tiempo que debe respetarse porque está regulado. Les van a dar, queridos amigos, que una persona puede recibir prácticamente una llamada en su teléfono celular cada dos minutos".
Ramírez Marín explicó que este tipo de acciones transforman la cobranza en un hostigamiento total y absoluto, donde el dispositivo móvil queda prácticamente "secuestrado" hasta que se realiza el pago. Esta situación ocurre sin importar el monto de la deuda ni si el usuario necesita el teléfono para comunicarse durante una emergencia familiar o médica.
Reforma que busca equilibrio entre derechos
El legislador del Partido Verde dejó en claro que la iniciativa no busca condonar deudas ni impedir el cobro legítimo de los créditos otorgados por las instituciones bancarias. Por el contrario, se pretende actualizar el marco legal para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros mientras se respeta el derecho de los bancos a recuperar sus inversiones.
"No se trata de que la gente no pague, sino de que todos se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás", aseveró el senador. La propuesta responde a la necesidad de contar con un sistema bancario moderno que sea aliado del desarrollo nacional, incluyendo una banca de Estado, de desarrollo y rural que apoye a distintos sectores productivos.
Sanciones severas y responsabilidad solidaria
La iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros incluye medidas concretas:
- Sanciones económicas de hasta 3 mil días de salario para instituciones que incumplan la norma
- Establecimiento de la responsabilidad solidaria por actos de terceros contratados para la cobranza
- Límites claros a las prácticas de cobranza extrajudiciales
- Protección específica contra el hostigamiento mediante sistemas automatizados
El legislador reiteró que la reforma busca establecer límites claros para evitar que, ante la falta de vigilancia y de un marco legal preciso, algunas instituciones financieras actúen de manera indebida, particularmente en materia de cobranza. "Insisto, no se trata de que la gente no pague, sino de que todos se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás", estableció Ramírez Marín durante la presentación de la iniciativa.
