EE.UU. se niega a devolver aranceles de Trump declarados ilegales por el Supremo
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha informado formalmente a un juez federal que no está en condiciones de devolver los aproximadamente 166.000 millones de dólares cobrados mediante los aranceles recíprocos impuestos durante la administración de Donald Trump, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales estas medidas comerciales.
Posición oficial de la agencia aduanera
La postura de la CBP quedó documentada en un escrito enviado al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos por Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la agencia. En este documento, Lord señaló explícitamente que la institución "no puede cumplir" con la orden judicial emitida el 4 de marzo de 2026 que exigía la revisión de estas medidas arancelarias.
El funcionario extendió este mismo argumento a otra resolución del 5 de marzo vinculada al caso conocido como Atmus, uno de los múltiples procesos legales que buscan el reembolso de estos aranceles. En dicha decisión, el juez había ordenado revisar y "liquidar" todas las operaciones de importación, tanto las pendientes como aquellas ya procesadas pero no definitivas, sin considerar los aranceles aplicados bajo la ley de emergencia.
Origen del conflicto legal
El origen de esta controversia se remonta al histórico fallo emitido el 20 de febrero por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que invalidó completamente los aranceles impuestos por la administración Trump. Los magistrados determinaron que el entonces presidente excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 (IEEPA) para justificar medidas comerciales durante su guerra arancelaria con varios países.
La mayoría del tribunal concluyó que esta legislación, diseñada para situaciones de emergencia internacional, no puede aplicarse en tiempos de paz para implementar políticas comerciales como las adoptadas por la Casa Blanca durante aquellos años de confrontación económica global.
Consecuencias y cifras del caso
Tras la decisión del máximo tribunal, el Tribunal de Comercio Internacional, que tiene jurisdicción exclusiva sobre disputas comerciales, ordenó al gobierno estadounidense:
- Dejar de aplicar inmediatamente estos aranceles en todos los procedimientos pendientes
- Evaluar la posibilidad de devolver los fondos ya cobrados en casos anteriores
Según datos oficiales proporcionados por la CBP:
- Los aranceles aplicados bajo la ley IEEPA generaron aproximadamente 166.000 millones de dólares en recaudación
- Hasta el 4 de marzo existían cerca de 20,1 millones de operaciones de importación que aún no habían sido liquidadas definitivamente
Desarrollo procesal actual
El escrito presentado por Brandon Lord llegó a la corte justo antes de que el juez Richard Eaton iniciara en Nueva York una audiencia específicamente destinada a analizar cómo proceder con el posible reembolso de estos aranceles ahora declarados ilegales. Esta audiencia representa un momento crucial en el prolongado proceso legal que enfrentan las empresas afectadas por estas medidas comerciales.
La negativa de la CBP a cumplir con las órdenes judiciales plantea serias interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para hacer cumplir sus decisiones cuando estas chocan con la operativa práctica de las agencias gubernamentales, especialmente en asuntos de tanta magnitud financiera y repercusión comercial internacional.
