Trump responde a fallo judicial con arancel global del 10% basado en ley de 1974
En una respuesta inmediata a un revés judicial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la imposición de un arancel global del 10 por ciento sobre importaciones, utilizando como sustento legal la Ley de Comercio de 1974. Esta decisión se produce apenas tres horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara parcialmente algunos gravámenes comerciales vigentes que habían sido implementados por su administración.
Medida de efecto inmediato y fundamento legal histórico
El mandatario estadounidense adelantó que la nueva medida arancelaria entrará en vigor en un plazo de tres días, demostrando la urgencia con la que su gobierno busca mantener su política económica proteccionista. Trump firmará una orden ejecutiva para aplicar este impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma histórica que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante períodos de 150 días.
"Es un proceso un poco más largo. Intenté simplificar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo", declaró Trump visiblemente contrariado durante su comparecencia ante la prensa. El presidente aseguró contar con "alternativas muy poderosas" para imponer estas tarifas, a pesar del fallo judicial que limita sus facultades arancelarias.
Tres leyes que complican pero permiten la política arancelaria
El mandatario explicó que recurrirá a tres legislaciones históricas que, aunque harán más compleja la implantación de los aranceles, le permitirán continuar con su agenda económica:
- Ley de Comercio de 1974: La base inmediata para el arancel global del 10% que se sumará a los gravámenes ya en operación.
- Ley de Expansión Comercial de 1962: Firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy durante la Guerra Fría, que amplía la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.
- Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930: Norma que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos para proteger a industrias y agricultores estadounidenses.
Fallo del Supremo y respuesta presidencial
La Corte Suprema estableció que el gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles basándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, que Trump había invocado como pilar de su guerra comercial. El tribunal consideró que esos gravámenes constituyen un impuesto y, por lo tanto, requieren la aprobación del Congreso.
"La Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA", argumentó Trump, minimizando el impacto del fallo judicial. "Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras", concluyó el presidente.
Investigaciones comerciales y protección económica
Paralelamente al anuncio del arancel global, la administración Trump pondrá en marcha diversas investigaciones al amparo de la Sección 301 y otros mecanismos legales. Según el mandatario, el objetivo es proteger a Estados Unidos frente a prácticas comerciales que considera desleales por parte de otros países y empresas extranjeras.
Esta estrategia legal múltiple demuestra la determinación del gobierno estadounidense para mantener su postura proteccionista en el comercio internacional, incluso cuando enfrenta limitaciones judiciales. La combinación de la Ley de Comercio de 1974 con legislaciones históricas adicionales crea un marco complejo pero potencialmente efectivo para implementar la política económica de Trump.
