Las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) volverán a colocar el cumplimiento laboral en el centro de la relación comercial de Norteamérica. Expertos consultados anticipan que México deberá demostrar avances en libertad sindical y negociación colectiva, lo que elevará la presión sobre las empresas exportadoras.
Un nuevo ciclo de evaluación
Tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no extender la vigencia del T-MEC por otros 16 años, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 y será sometido a revisiones periódicas. Este nuevo ciclo de evaluación anual medirá el cumplimiento de los compromisos asumidos por México, Estados Unidos y Canadá.
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), creado con la entrada en vigor del tratado, ya ha dejado precedentes en México. En 2021, Estados Unidos lo activó por primera vez contra la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, por presuntas violaciones a derechos laborales. La consulta para legitimar el contrato colectivo tuvo que repetirse bajo supervisión internacional, resultando en el rechazo del contrato vigente y la elección de una nueva representación sindical.
Presión sobre industrias clave
La industria automotriz, principal objetivo de los primeros casos del MLRR, genera 2.1 millones de empleos en México y representa 35.7% de las exportaciones manufactureras, según datos de asociaciones del sector. El país es el principal proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos.
Óscar de la Vega, socio director de De la Vega & Martínez Rojas, señala: “Las empresas vinculadas al comercio con América del Norte deberán fortalecer sus sistemas de cumplimiento, revisar sus relaciones sindicales y documentar adecuadamente los procesos de negociación colectiva”. El especialista advierte que la supervisión ya no se limitará a la planta exportadora, sino que alcanzará también a los proveedores, obligando a una mayor coordinación entre áreas de recursos humanos, relaciones laborales, asuntos jurídicos y comercio exterior.
Expectativas sindicales
Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimentario y del Comercio (SNAC), considera que Washington llegará a las revisiones con una evaluación distinta a la del gobierno mexicano. “El gobierno de Estados Unidos está muy descontento con los avances a raíz de la reforma laboral. Ellos saben perfectamente qué sindicatos siguen siendo simulación y cómo se manejan a nivel sindical. No ha habido avances sustanciales y el gobierno mexicano dice que sí”, afirma.
Martínez Araiza sostiene que esa diferencia de diagnósticos provocará mayor presión sobre industrias estratégicas como la automotriz, el acero, el aluminio y parte del sector agroalimentario. “En México sigue habiendo una simulación sindical en todos lados. Estados Unidos sabe que la mayoría de los contratos legitimados fueron a través de las mismas empresas y que la gente sigue sin poder salirse de los grandes contratos colectivos”, asegura.
Impacto en el tejido empresarial
El impacto potencial de cualquier modificación regulatoria se extendería sobre un tejido empresarial dominado por pequeñas unidades económicas. Según los Censos Económicos 2024 del Inegi, los micronegocios representan 95.5% de los establecimientos del país y concentran 41.5% del personal ocupado. En total, México cuenta con poco más de siete millones de establecimientos económicos y 36.79 millones de personas ocupadas.
La participación de las mujeres en las actividades económicas alcanzó 43.6%, la cifra más alta registrada, mientras que 101,184 establecimientos emplean a personas con algún tipo de discapacidad.
Oportunidad para cambios regulatorios
Martínez Araiza sostiene que la revisión también representa una oportunidad para discutir temas pendientes, como la formalidad laboral, la libertad de asociación y la evolución de los salarios. “Nosotros propusimos un salario mínimo regional de 1,750 pesos por familia al mes. No es por sector; es cuánto necesita una familia mexicana para sobrevivir con dignidad”, enfatiza.
La experiencia de los últimos años sugiere que las revisiones del T-MEC pueden trascender el ámbito estrictamente comercial. La reforma laboral de 2019, que dio paso a un nuevo modelo de justicia laboral y una política de incrementos al salario mínimo, nació de los compromisos asumidos por México en el tratado, pero terminó modificando las reglas para todo el mercado laboral. Por ello, la próxima revisión no solo medirá los avances de México en materia laboral, sino que también definirá si serán necesarios nuevos ajustes regulatorios que podrían extenderse a buena parte del mercado laboral mexicano.
