México se enfrenta a una prueba crucial con la reducción de la jornada laboral
La iniciativa para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales coloca a México en un escenario de prueba, donde la voluntad política debe superar tres retos fundamentales: dejar atrás el crecimiento económico limitado que presiona el mercado laboral, eliminar las jornadas extensas que figuran entre las más largas de la OCDE, y frenar la alta rotación y desgaste laboral, especialmente en sectores productivos, que generan gastos ocultos para los empleadores.
Modernización laboral: más allá de las horas
El diputado morenista Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política de la bancada guinda, afirmó que la discusión sobre la reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo debe considerarse como una vía para modernizar la política laboral. Esto implica reorganizar la productividad y combatir enfermedades asociadas con el estrés. “Cuando el trabajo se organiza únicamente por horas y no por resultados, se pierde productividad y se deteriora el bienestar de las personas trabajadoras. Por eso, la discusión sobre las 40 horas no es un tema ideológico, sino de modernización laboral. La discusión no es si México puede reducir la jornada, sino si puede seguir pagando los costos de no modernizarla”, señaló Haces Barba.
El líder parlamentario subrayó que la reducción gradual de la jornada de trabajo, una propuesta presidencial actualmente en debate en el Senado, representa una oportunidad para preparar a México hacia un nuevo esquema laboral. Este modelo busca combinar productividad, competitividad y calidad de vida, adaptándose a las necesidades nacionales.
Evidencia internacional y experiencias comparadas
El legislador capitalino citó datos de Adecco Group, que destacan que al menos 14 países están en procesos activos de revisión de su jornada laboral. Latinoamérica es la segunda región con más países en discusión sobre reducciones de jornada, solo detrás de Europa. Países como Chile y Colombia han avanzado mediante esquemas progresivos, evitando impactos abruptos en el empleo.
En el caso de Islandia, se realizó uno de los experimentos más amplios de reducción de jornada a nivel mundial, involucrando cerca del 1% de su fuerza laboral. Los resultados mostraron que la productividad se mantuvo o mejoró en la mayoría de los sectores, con disminuciones en el estrés y el agotamiento laboral, además de optimizaciones en procesos sin reducir servicios.
En Reino Unido, la reforma resultó en una mayor retención y eficiencia del talento. Entre 2022 y 2023, las empresas que participaron en pruebas de semana laboral reducida experimentaron hasta un 57% menos de rotación de personal, ingresos estables o en crecimiento, y más del 90% decidió mantener el esquema tras el piloto. “La evidencia internacional muestra que la productividad se mide cada vez más por valor generado por hora, no por horas acumuladas. Estos datos sirven como referencia comparada; el modelo mexicano se diseña conforme a la realidad nacional”, afirmó Haces Barba, quien reiteró que los mayores impactos se observaron en retención de talento, menor ausentismo y mayor compromiso.
Implementación gradual y enfoque nacional
Actualmente, México se encuentra en un debate sobre la implementación gradual de la reducción de horas laborales. “La reducción de la jornada no está planteada como un cambio inmediato. El enfoque es avanzar año con año, ajustando procesos, turnos y esquemas de organización del trabajo, hasta alcanzar las 40 horas semanales hacia el final del periodo de transición. Este modelo permite dar certidumbre a las empresas, evitar impactos abruptos en costos laborales, proteger el empleo formal y mejorar la productividad por hora trabajada”, detalló el morenista.
Haces Barba, quien se reunió recientemente con congresistas de Estados Unidos para abordar temas como el T-MEC y migración, ha enfatizado que la reforma laboral de 40 horas está vinculada a los acuerdos comerciales de México y su compromiso con el respeto a los derechos laborales. Esta perspectiva subraya la importancia de alinear las políticas nacionales con estándares internacionales para fomentar un mercado laboral más justo y eficiente.
