La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es una de las obligaciones patronales más importantes en México. Con la llegada del periodo de pago en 2026, surge la duda sobre si los empleados que fueron despedidos tienen derecho a recibir esta prestación. La respuesta es sí, siempre que hayan laborado al menos 60 días durante 2025.
Derecho al reparto de utilidades en caso de despido
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el derecho al reparto de utilidades es irrenunciable y no se pierde por la terminación de la relación laboral, ya sea por renuncia o despido. Este beneficio se genera por el trabajo realizado durante el año fiscal anterior, en este caso 2025, y el trabajador tiene derecho a la parte proporcional que le corresponde.
Para que un extrabajador pueda recibir el pago en 2026, debe haber trabajado al menos 60 días, continuos o discontinuos, durante 2025. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) aclara que el motivo de la separación no afecta este derecho, siempre que se cumpla con el periodo mínimo de servicio.
Pasos para asegurar el pago de utilidades
- Verificar el periodo laborado: El solicitante debe comprobar, mediante recibos de nómina o contrato, que trabajó al menos 60 días en 2025.
- Identificar el tipo de patrón: Las fechas límite varían: para empresas (personas morales) el plazo vence el 30 de mayo de 2026; para patrones individuales (personas físicas) la fecha límite es el 29 de junio de 2026.
- Consultar montos: El cálculo se basa en los días trabajados y los ingresos de 2025. El beneficio es proporcional y no se elimina por baja administrativa, según el Centro de Conciliación Laboral.
- Reclamar en caso de omisión: Si la empresa no paga, el beneficiario tiene un año a partir del día siguiente de la fecha límite para presentar una reclamación formal.
¿Qué hacer si la empresa no quiere pagar?
La Ley Federal del Trabajo establece que las empresas deben proporcionar una copia de la declaración anual a los representantes de los trabajadores para transparentar las utilidades. Si el exempleado no tiene esta información, puede acudir a la PROFEDET para recibir orientación y mediación gratuita.
El reparto de utilidades es un derecho constitucional que fomenta la productividad y la justicia social. Es importante que los interesados estén atentos a los canales oficiales de sus antiguos centros de trabajo, ya que muchas empresas publican avisos para extrabajadores. En caso de irregularidades, la inspección federal del trabajo puede realizar auditorías y sancionar a las empresas que incumplan.
