El partido opositor presentó este miércoles una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) contra los diputados Juan Flores y María Morales, acusándolos de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La queja, respaldada con documentación, señala que ambos legisladores habrían incurrido en actos que contravienen la normativa electoral vigente.
Detalles de la denuncia
Según el escrito presentado, Flores y Morales habrían utilizado recursos públicos para fines de promoción personal durante el periodo de campañas, lo que está prohibido por la ley. Además, se les acusa de haber realizado eventos políticos en horario laboral, utilizando personal del Congreso local para organizarlos. El partido opositor solicita al IEE que investigue a fondo estos hechos y, de encontrar responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
Reacciones de los implicados
Hasta el momento, ninguno de los diputados ha emitido una declaración pública al respecto. Fuentes cercanas a Flores indicaron que el legislador considera la denuncia como un acto de persecución política y que presentará su defensa en los términos legales. Por su parte, Morales habría señalado que se trata de acusaciones sin fundamento y que confía en que el IEE desestimará el caso por falta de pruebas.
Próximos pasos
El IEE tiene un plazo de 15 días hábiles para admitir o rechazar la denuncia. En caso de ser admitida, se abrirá un periodo de investigación en el que se recabarán testimonios y pruebas documentales. El proceso podría concluir con una multa económica, una amonestación pública o incluso la destitución de los cargos, dependiendo de la gravedad de las faltas. El partido opositor ha manifestado su confianza en que el IEE actuará con imparcialidad y transparencia.
Este caso se suma a otras controversias recientes en el ámbito político local, donde las acusaciones de malas prácticas han aumentado en los últimos meses. Organizaciones de la sociedad civil han llamado a fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar la legalidad en el ejercicio del poder público.
