La defensa del vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de integrar una red de huachicol fiscal, ha reprochado a la presidenta Claudia Sheinbaum la aplicación de una “justicia selectiva” en su caso. Epigmenio Mendieta, abogado del naval, informó que su cliente envió una quinta carta a la mandataria federal, sin obtener respuesta alguna. Este “silencio institucional”, destacó, contrasta con el trato dado al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Contraste con el caso Rocha Moya
“Ese silencio institucional contrasta con los posicionamientos recientes de la propia Presidenta, quien ha sostenido en sus conferencias que para señalar o responsabilizar a cualquier persona deben existir ‘pruebas suficientes’ y ‘elementos contundentes’”, señaló Mendieta mediante un comunicado. El abogado añadió que el debate ocurre en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra actores políticos de Sinaloa, como Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros, casos en los que el Gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de pruebas y debido proceso.
Denuncias de violaciones a derechos humanos
En la carta, Farías Laguna, sobrino del extitular de la Semar, Rafael Ojeda, denunció ser víctima de violaciones a sus derechos humanos e irregularidades procesales. Acusó que se le ha dejado en estado de indefensión, ya que la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) le han negado información clave para su defensa. Señaló que su vinculación a proceso se realizó sin pruebas fehacientes que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que fue exhibido públicamente como culpable antes de su audiencia inicial, violentando su presunción de inocencia.
Negativa de acceso a la carpeta de investigación
Farías Laguna fue detenido hace ocho meses y, desde entonces, no ha podido acceder a toda su carpeta de investigación porque la FGR alega razones de seguridad nacional. “Si el Gobierno de México sostiene que nadie puede ser condenado sin pruebas, ese criterio debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual y no únicamente en los casos políticamente convenientes”, afirmó Mendieta. La falta de respuesta a cinco cartas consecutivas enviadas a la Presidencia profundiza la percepción de abandono institucional y alimenta cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso público sobre justicia y la actuación real de las instituciones. “La justicia no puede depender del contexto político. La presunción de inocencia no puede aplicarse selectivamente”, concluyó.
