TV Azteca busca concurso mercantil mientras libra batalla legal en Nueva York por deuda millonaria
La televisora TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, ha anunciado su decisión de solicitar un concurso mercantil voluntario para realizar una "reorganización corporativa, operativa y financiera" de la compañía y sus subsidiarias. Este movimiento ocurre en un contexto de intensa batalla legal que la empresa mantiene en una corte de Nueva York, donde busca evitar o retrasar el pago de aproximadamente 480 millones de dólares a un grupo de acreedores.
La presión judicial se intensifica
El pasado 24 de febrero, el despacho de abogados MoloLamken, representante de algunos de los demandantes agrupados en un fideicomiso del Bank of New York Mellon, urgió al juez Paul Gardephe a concluir la fase de evidencias y dar inicio al juicio. En una carta obtenida por Proceso, los abogados argumentaron que "el abuso en el proceso de evidencias justifica aún más que la Corte permita ya el inicio del juicio sumario".
Los acreedores presentaron su demanda original en 2022, pero TV Azteca logró congelar el proceso durante tres años mediante una suspensión otorgada por un juez de la Ciudad de México, quien autorizó a la empresa a no pagar sus deudas debido a la pandemia de COVID-19. Esta decisión judicial generó tal indignación entre los acreedores que iniciaron un arbitraje internacional contra el Estado mexicano, alegando que la resolución violaba el T-MEC.
Estrategias dilatorias y acusaciones de conspiración
Según los abogados representantes de los acreedores, TV Azteca ha implementado una serie de tácticas para retrasar el proceso judicial, incluyendo:
- Seis peticiones al juez para solicitar información al fideicomiso
- Seis solicitudes de interrogatorios
- Dos comisiones rogatorias
- Más de 100 citaciones de terceros
- Tres mociones obligatorias a los demandantes
Además, los despachos legales acusaron a la televisora de planear continuar con sus estrategias dilatorias mediante "solicitudes internacionales en México sobre su teoría de la conspiración y una campaña internacional para identificar a todos los beneficiarios finales de los bonos".
En su defensa legal, TV Azteca alegó que algunos de los acreedores "conspiran con el gobierno mexicano y cabildean contra la defensa" de la empresa.
El concurso mercantil como estrategia financiera
En un comunicado difundido la mañana del 26 de febrero, TV Azteca anunció que su consejo de administración decidió solicitar el concurso mercantil voluntario para "sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos". Acto seguido, Luciano Pascoe, vocero de Grupo Salinas, publicó un mensaje en la red social X anticipando que los "agoreros del caos y los nostálgicos del catastrofismo" intentarían presentar esta decisión como prueba de una "crisis profunda" de Salinas Pliego.
Esta no es la primera vez que los abogados de Salinas Pliego utilizan el concurso mercantil como herramienta financiera. En 2007, operaron en el concurso mercantil de la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal para redirigir el cobro de una póliza de seguros de más de 116 millones de dólares de la empresa ING hacia sociedades de papel constituidas en Europa, a través de las cuales el magnate era socio de Fertinal.
Consecuencias potenciales para el gobierno mexicano
El arbitraje internacional iniciado por los acreedores contra el Estado mexicano sigue en curso. De perder este proceso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendría que pagar un monto multimillonario a los acreedores de TV Azteca. Esta situación añade una capa adicional de complejidad política a un caso que ya involucra importantes intereses económicos y legales.
La justicia de Nueva York desechó finalmente en noviembre pasado el valor legal del amparo mexicano, obligando a TV Azteca a responder a las acusaciones. Acorralada por el pago inminente de más de 580 millones de dólares, la televisora replicó en Estados Unidos las mismas estrategias dilatorias que las empresas de Salinas Pliego han utilizado históricamente en México para evitar el pago de créditos fiscales.
