Fallo definitivo de la Corte Suprema contra exdirigente magisterial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo definitivo que obliga a la exlíder sindical Elba Esther Gordillo a pagar 19 millones 269 mil 323 pesos al fisco mexicano, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2008 y 2009.
Fin a una larga batalla legal
Este jueves, el Pleno de la máxima corte desechó por unanimidad el recurso de revisión que Gordillo había interpuesto contra una sentencia previa que le negaba el amparo. Con esta decisión, se confirma definitivamente la obligación de pago que había sido establecida por un tribunal colegiado.
La ministra Lenia Batres fue quien propuso al Pleno desestimar el recurso, argumentando que el caso no involucraba temas de constitucionalidad que ameritaran un análisis más profundo por parte de la Corte. Esta resolución pone fin al último recurso legal que mantenía pendiente la ejecución del cobro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Antecedentes del caso fiscal
El proceso legal se remonta a una deuda fiscal identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a dos años específicos del ejercicio de Gordillo como dirigente del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La cronología del caso incluye:
- Identificación inicial de la deuda fiscal por 19.2 millones de pesos
- Negativa de amparo por parte de un tribunal colegiado
- Interposición de recurso de revisión ante la SCJN
- Desestimación final del recurso por el Pleno de la Corte
Contexto histórico de la exdirigente
Elba Esther Gordillo, quien lideró el SNTE durante décadas, ha enfrentado múltiples procesos legales desde su detención en 2013 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Este fallo fiscal se suma a su historial legal, aunque representa un capítulo específico relacionado con sus obligaciones tributarias.
La resolución de la SCJN establece un precedente importante en materia de cumplimiento fiscal para figuras públicas y exfuncionarios, reforzando la autoridad del SAT en la recaudación de impuestos atrasados incluso años después de los periodos fiscales correspondientes.
