El último reporte del Inegi estima un crecimiento económico de alrededor del 0.8% del PIB en el primer trimestre de 2026, lo que constituye un síntoma del estancamiento estructural de la economía mexicana, según el economista Rolando Cordera. El empleo formal, medido por el IMSS, también muestra una creación lenta, vinculada a la reducción histórica de la inversión pública productiva.
La riqueza se redistribuye en un circuito cerrado, ya que la inversión privada no compensa la insuficiencia de recursos públicos. Las restricciones fiscales se endurecen debido a la rigidez del gasto social y una base tributaria insuficiente, lo que limita la capacidad de intervención estratégica del Estado y la posibilidad de una política contracíclica.
A esto se suman perturbaciones políticas, como la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, que afectan la confianza y las expectativas de inversión. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de reactivar el crecimiento, profundizar la redistribución y garantizar la estabilidad institucional y el Estado de derecho.
Se requiere restituir la inversión pública como eje de la articulación económica, dar certidumbre a la inversión privada y revisar el pacto fiscal para ampliar la capacidad del Estado. El excedente no reinvertido productivamente se disipa en violencia, corrupción y destrucción de valor, lo que pone en riesgo el desarrollo como proyecto compartido.
