Estados Unidos ha propuesto imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones provenientes de México y otras economías aliadas, argumentando que no aplican medidas suficientes para impedir la entrada de mercancías elaboradas con trabajo forzado en terceros países. La propuesta fue presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que publicó los resultados de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio.
Detalles de la investigación
El organismo concluyó que 60 economías, incluyendo México, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, presentan deficiencias para impedir el comercio de bienes vinculados con trabajo forzado. Para México, la medida significaría un arancel adicional del 10% a sus exportaciones hacia Estados Unidos. La misma tasa se aplicaría a otras 13 economías, mientras que las 46 restantes incluidas en la investigación enfrentarían gravámenes del 12.5%.
La USTR también planteó un esquema especial para el sector textil y de confección. La propuesta permitiría que un volumen determinado de prendas y textiles provenientes de algunos países ingrese a Estados Unidos con un arancel reducido, aun cuando estén sujetos a las medidas de la Sección 301.
Proceso de consulta pública
Antes de emitir sus conclusiones, la USTR abrió un proceso de consulta pública para recibir opiniones de empresas, especialistas y otros interesados. Como parte de ese ejercicio, escuchó a cerca de 60 testigos y recibió alrededor de 500 comentarios y respuestas.
¿Por qué Estados Unidos propone el arancel?
La investigación de la USTR no acusa a México de utilizar trabajo forzado en sus procesos productivos. El argumento se enfoca en la supuesta falta de mecanismos efectivos para impedir la importación de bienes producidos bajo esas condiciones en terceros países. La administración de Donald Trump sostiene que esta situación genera distorsiones comerciales para Estados Unidos.
Para Jamieson Greer, titular de la USTR, resulta inaceptable que los principales socios comerciales de Estados Unidos no apliquen controles más rigurosos contra las importaciones asociadas al trabajo forzado. Según el funcionario, esta situación genera condiciones de competencia desiguales. Greer reconoció avances en algunos países, incluidos compromisos asumidos en el T-MEC, pero advirtió que espera acciones adicionales para impedir que el comercio internacional incentive o mantenga prácticas de trabajo forzado.
México prepara su defensa
La Secretaría de Economía respondió que se trata de una etapa preliminar y que el proceso contempla comentarios, consultas y discusiones durante los próximos 45 días. La dependencia también destacó que la investigación forma parte de los esfuerzos de Washington para sustituir algunos aranceles previamente aplicados mediante otras herramientas legales, entre ellas la IEEPA y la Sección 122 de la Ley de Comercio estadounidense.
Ante este escenario, el gobierno mexicano aseguró que trabajará con las autoridades estadounidenses y presentará argumentos para evitar la imposición de nuevos aranceles. La dependencia confió en que la propuesta pueda modificarse conforme avancen las discusiones bilaterales previstas para las próximas semanas.
"El Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas", señaló la Secretaría de Economía.
