Registro obligatorio de celulares en México: Detalles y excepciones
En 2026, México puso en marcha un registro obligatorio de líneas telefónicas para números activos, con el objetivo principal de frenar la extorsión, un delito que ha mantenido cifras alarmantes en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, la extorsión se posicionó como uno de los delitos más frecuentes, perpetrándose en su mayoría vía telefónica, lo que evidenció la necesidad de herramientas más estrictas para rastrear la titularidad de las líneas.
¿A quiénes aplica el trámite?
El registro aplica a líneas en funcionamiento ligadas a empresas de telecomunicaciones como Telcel, Movistar, ATyT, Bait o Altán. El proceso puede realizarse de manera presencial o por medio de plataformas en línea, solicitando identificación oficial con fotografía, CURP o pasaporte. Debe completarse antes del 29 de junio de 2026; a partir del 30 de junio, los números no registrados serán suspendidos.
Líneas exentas del registro
No todos los dispositivos ingresan al padrón de líneas telefónicas. Quedan fuera los números asociados a tarjetas SIM sin capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS, como ciertos dispositivos de IoT o módems.
Consecuencias de no completar el registro
Los números sin registro no podrán usar el servicio móvil hasta concluir el trámite. Durante la suspensión, solo se permite la comunicación con servicios de emergencia y atención ciudadana: 074, 079, 088, 089 y 911, además de *111 para planes de renta y *264 para líneas Amigo. La suspensión no elimina la obligación de cubrir pagos de servicios contratados o equipos telefónicos.
Antecedente legal y desafíos
Esta iniciativa surge cuatro años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2022, por vulnerar derechos a la privacidad. El nuevo registro intenta sortear esto con mecanismos de identificación distintos. Sin embargo, datos del INEGI de 2024 revelan que la extorsión tiene una “cifra negra” del 97.4%, lo que cuestiona la eficacia de tener una base de datos si las víctimas no denuncian.
