Marx Arriaga se mantiene en su oficina de la SEP tras ser destituido, exigiendo un documento oficial
Marx Arriaga, recientemente removido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se ha negado a abandonar su oficina en la dependencia. El ahora exfuncionario insiste en permanecer en el lugar hasta recibir un documento oficial que detalle el motivo y el fundamento legal de su salida, generando un tenso enfrentamiento administrativo.
La SEP niega un operativo de desalojo y difunde un boletín oficial
El 13 de febrero de 2026, la SEP emitió un boletín en el que negó categóricamente que hubiera ocurrido un desalojo en el inmueble y rechazó versiones sobre un operativo para sacar a Arriaga por la fuerza. Según reportes públicos, personal de la secretaría acudió a la oficina de Arriaga para notificarle su separación del cargo, con presencia de elementos de seguridad que aumentaron la tensión del momento.
Arriaga, por su parte, ha difundido su postura de manera pública: no dejará el despacho sin un oficio formal que explique la decisión y sus razones. Este plantón ha puesto en evidencia las disputas internas y los procedimientos legales en el servicio público.
El argumento legal de Arriaga: exigencia de un documento escrito
El argumento central de Marx Arriaga se basa en el artículo 16 de la Constitución, que establece que los actos de autoridad deben emitirse por escrito, con fundamento y motivación. En términos prácticos, un documento formal le proporcionaría certeza sobre:
- La determinación específica de la autoridad.
- Las razones detrás de la decisión.
- Las vías de impugnación disponibles, según su situación laboral y administrativa.
Esto no implica que sea imposible retirar a alguien de una oficina, sino que la actuación debe formalizarse y justificarse conforme al marco legal aplicable, evitando arbitrariedades.
Marco legal sobre destituciones y uso de la fuerza
En el servicio público, las separaciones de cargo pueden seguir distintas rutas, dependiendo del tipo de nombramiento y procedimiento. Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la destitución como una sanción administrativa cuando se acredita una falta.
Si hubiera intervención policial, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige que la fuerza se emplee bajo principios como necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, como última alternativa. Esto no hace ilegal cualquier intento de retiro físico, pero sí requiere que se ajuste a estándares de legalidad.
Posibles consecuencias legales y vías de impugnación
El Código Penal Federal incluye supuestos de ejercicio ilícito del servicio público cuando una persona continúa ejerciendo funciones después de conocer una revocación. Sin embargo, esto depende de hechos concretos: no es lo mismo permanecer físicamente en un despacho que seguir actuando como titular del cargo.
Si Arriaga considera irregular su separación, puede:
- Solicitar la notificación formal y los fundamentos de la decisión.
- Acudir a vías administrativas o laborales según su nombramiento.
- Promover un juicio de amparo si estima vulnerados sus derechos.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y el debido proceso en las instituciones gubernamentales, especialmente en un sector crítico como la educación.
