La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, y un grupo de diputados locales denunciaron la existencia de una red de complicidad institucional denominada la “Ruta del Despojo”, mediante la cual mafias inmobiliarias acceden a información confidencial con la presunta participación de autoridades locales. Según datos presentados, de las 21 mil 591 denuncias por despojo registradas hasta agosto de 2024, solo el 1.4 por ciento fueron judicializadas.
Acusaciones contra funcionarios del Registro Público
En conferencia de prensa, Gutiérrez señaló directamente al Registro Público de la Propiedad y a su titular, Héctor Muñoz, de ser señalado por vecinos como quien filtra información que permite cambios en escrituras. “Es un buen momento para que las y los diputados de Morena también hablen con el Registro Público de la Propiedad, con Héctor Muñoz, que es señalado por muchas y muchos vecinos de ser quien pasa la información, de ser quien está permitiendo estos cambios en escrituras… si no es así, que Héctor Muñoz tome cartas en el asunto”, dijo.
El delito como delincuencia organizada
El diputado federal del PAN y vocero, Federico Döring, afirmó que el despojo no puede ocurrir sin colusión de dos o tres áreas de gobierno. “Este delito con más de 39 mil casos merece ser tratado como delincuencia organizada; muchos de los que hoy están invadiendo y despojando a los vecinos de sus casas, ya lo hacían desde antes”. Añadió que quien comete este delito “no es un raterillo metiéndose a robar una casa, es una mafia con información del Registro Público de la Propiedad, o de algún juicio, de un reporte a la policía, alguien con algún dato que decide que puede robarse lo que no es suyo”.
Propuestas de reforma para agilizar la restitución
Los diputados locales Diego Garrido y Mario Sánchez explicaron un paquete de iniciativas de ley que presentarán formalmente en el Congreso de la Ciudad de México en el próximo período ordinario de sesiones. Las propuestas incluyen tipificar el despojo organizado como delito complejo en el código penal, y evitar que se modifique el folio real en el Registro Público de la Propiedad mientras no se resuelva en definitiva el juicio, para impedir compraventas simuladas.
También plantean crear una fiscalía especializada y juzgados especializados en materia de despojo, así como la obligación de una audiencia judicial urgente para que en 72 horas se restituya provisionalmente el predio al legítimo propietario.
Las iniciativas buscan atacar el modus operandi de las mafias inmobiliarias y garantizar una respuesta más ágil a las víctimas de despojo en la capital.
