La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha emitido una alerta contundente sobre los riesgos que representan los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La organización, que agrupa a más de 1,200 estaciones de radio y televisión afiliadas en todo el país, señala que el proyecto abre la puerta a la discrecionalidad gubernamental, amenaza la libertad de expresión y podría imponer sanciones que exceden lo establecido en la ley.
Discrecionalidad gubernamental y definición de información falsa
La CIRT afirma que apoya el mandato regulatorio para avanzar en la protección de las audiencias, pero advierte que los lineamientos son ambiguos. En un comunicado, la organización señaló: "Son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad".
Esta disposición, según la CIRT, otorga al gobierno la facultad de determinar discrecionalmente qué contenidos son falsos, lo que podría utilizarse para censurar información crítica o incómoda. La falta de claridad en la definición de "información falsa o descontextualizada" genera un riesgo latente para la libertad de prensa y la pluralidad informativa.
Sanciones desproporcionadas y fuera de la ley
Otro punto de controversia son las sanciones previstas en el proyecto. La CIRT destaca que las multas pueden alcanzar hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador. "Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley", subrayó la Cámara.
La organización considera que estas sanciones son excesivas y desproporcionadas, y que no están contempladas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además, el proyecto incluye un "recurso de inconformidad" que permitiría al gobierno revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Esto, en la práctica, significa que el gobierno podría decidir qué contenidos, incluidos los informativos, se transmiten y cuáles no, lo que representa una intromisión directa en la autonomía de los medios.
Riesgo para periodistas y comunicadores
La CIRT también advierte sobre la posibilidad de que se presenten quejas anónimas contra comunicadores y periodistas. "De lo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales", indicó la organización. La falta de identificación de los denunciantes podría facilitar campañas de acoso o desprestigio contra profesionales de la información, limitando su trabajo y generando un clima de censura indirecta.
La Cámara insistió en que los lineamientos deben aclarar que no se permitirán las quejas anónimas, para evitar abusos y proteger la libertad de expresión. Asimismo, la consulta pública iniciada el viernes pasado por la CRT representa una oportunidad para "corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del mundo que deseen".
Antecedentes de los derechos de las audiencias
Los derechos de las audiencias están contemplados desde la reforma constitucional de 2013. En 2016, el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió los primeros lineamientos para protegerlos. Sin embargo, en 2017, el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que eliminó facultades del entonces regulador y dejó sin efectos los lineamientos antes de su entrada en vigor.
Posteriormente, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reforma de 2017 era inconstitucional y ordenó restituir las facultades regulatorias del IFT. Finalmente, en 2024, el IFT aprobó los Lineamientos Generales para Garantizar los Derechos de las Audiencias, que actualmente se encuentran en vigor. La nueva propuesta de la CRT busca modificar estos lineamientos, pero la CIRT advierte que podría implicar un retroceso democrático y una amenaza a la libertad de expresión.
La consulta pública estará abierta durante los próximos días, y la CIRT ha hecho un llamado a los actores involucrados para participar activamente y asegurar que los derechos de las audiencias se protejan sin vulnerar las garantías fundamentales de comunicadores y medios.
