La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N” por el delito de transporte de personas migrantes indocumentadas. Los hechos ocurrieron en Saltillo, Coahuila, donde los tres individuos fueron detenidos cuando viajaban a bordo de un autobús con 98 extranjeros sin documentos que acreditaran su estancia legal en México.
Detalles de la sentencia
En audiencia de juicio oral, el juez de control determinó la pena de 12 años de cárcel para cada uno de los procesados, además de imponerles una multa de 7500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La FGR señaló que la condena se logró gracias a las pruebas presentadas durante el proceso, las cuales demostraron la responsabilidad de los acusados en el traslado ilegal de migrantes.
Investigación y detención
La investigación se inició a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes detuvieron a Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N” en el ejido Tanque Escondido, ubicado en Saltillo. En el momento de la detención, los migrantes viajaban en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios básicos ni medidas de seguridad adecuadas, lo que agravó la situación jurídica de los sentenciados.
Impacto del fallo
La sentencia representa un precedente en la lucha contra el tráfico de personas en la región norte del país. De acuerdo con la FGR, este caso forma parte de los esfuerzos por desmantelar redes de tránsito ilegal que operan en Coahuila, una entidad clave en las rutas migratorias hacia Estados Unidos. Las autoridades federales reiteraron su compromiso de perseguir penalmente a quienes lucran con la vulnerabilidad de los migrantes, y destacaron que la condena de 12 años constituye una pena ejemplar dentro del marco legal vigente.
Contexto migratorio
Coahuila ha sido escenario de múltiples incidentes relacionados con el transporte irregular de migrantes. Tan solo en 2025, la FGR reportó la detención de decenas de personas vinculadas a actividades similares. Los 98 migrantes que viajaban en el autobús fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación migratoria y, en su caso, brindarles protección humanitaria. Organizaciones civiles han señalado que estos operativos son necesarios, pero también han instado a garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad.
Reacciones oficiales
La FGR emitió un comunicado en el que celebró la sentencia y subrayó que “no habrá impunidad para quienes trafiquen con personas”. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de migrantes. La dependencia recordó que el transporte de indocumentados es un delito grave que atenta contra la dignidad humana y la seguridad nacional.
