La Comisión de Participación Comunitaria de la colonia Del Valle ha reconocido oficialmente el cumplimiento de únicamente dos puntos del pliego petitorio entregado a las autoridades capitalinas. A pesar de estos logros parciales, los afectados sostienen que las medidas implementadas son insuficientes para detener el fenómeno del despojo inmobiliario y exigen una aplicación estricta de las normativas existentes.
Detenciones y aseguramientos como primeros pasos
Entre los avances confirmados por la comisión se encuentran la detención de Virginia "N" y su hija Diana "N", así como el aseguramiento del inmueble propiedad del muralista Jorge González Camarena. Estas acciones representan un avance inicial en la respuesta institucional; sin embargo, para las víctimas, estos resultados no cubren la totalidad de sus demandas.
Los vecinos afectados, quienes cerraron vialidades a finales de julio para protestar, consideran que persisten grandes vacíos en la estrategia gubernamental. La principal preocupación radica en la necesidad de modificar el marco jurídico vigente para atender este delito con mayor eficacia, específicamente en lo concerniente a la velocidad de las restituciones.
Lentitud administrativa y desgaste de las víctimas
Alicia Camps, integrante de la comisión y vecina de la alcaldía Benito Juárez, detalló ante este medio que la restitución de propiedades es actualmente un proceso extremadamente lento. Señaló que la pérdida de expedientes y la demora en las consultas administrativas permiten que los tiempos de espera se prolonguen indefinidamente.
«La restitución tarda mucho porque pierden los expedientes, porque no salen a tiempo las consultas o como se le diga, pero pierden los expedientes y 'alentan' el tiempo en la espera de que la víctima se desgaste», explicó Camps. Subrayó que muchos propietarios pierden tanto vida como dinero al intentar recuperar lícitamente su patrimonio, mientras las autoridades dilatan los procesos.
Camps también mencionó que actualmente pueden transcurrir hasta seis meses únicamente para demostrar que un inmueble pertenece a la víctima. Este lapso representa un obstáculo significativo que favorece a los despojadores y perjudica a los legítimos dueños.
Eficacia vs. Normativa en papel
Aunque la comisionada celebró el nuevo mecanismo presentado por las autoridades capitalinas para prevenir y combatir los despojos, advirtió sobre la brecha entre la teoría legal y la práctica. Emfatizó que «no sirve de nada la ley de saliva y del papel si no se aplica».
La exigencia central de los vecinos es que las leyes no se queden como disposiciones muertas. «Lo importante de las leyes es que se apliquen, no que pasen a ser ley muerta... entonces no podemos ni queremos soltar el tema», afirmó Camps. Insistieron en que las medidas anunciadas deben traducirse inmediatamente en resultados tangibles para las personas afectadas.
Homologación legislativa con el Estado de México
En una iniciativa paralela, la comisión trabaja en armonizar las legislaciones entre la Ciudad de México y el Estado de México. Camps reveló que colabora con Arturo Santana Alfaro, hijo de doña Carlota, quien fue la impulsora original de la ley estatal contra el despojo.
El objetivo de esta colaboración es crear un marco jurídico uniforme que evite que los delincuentes aprovechen las diferencias legales entre ambas entidades para eludir la justicia. Se busca que la restitución sea expedita y rápida, eliminando los cuellos de botella administrativos actuales.
Mientras estas iniciativas avanzan, las víctimas mantienen la presión para asegurar que las autoridades cumplan con todas las acciones solicitadas en el pliego petitorio, más allá de los dos puntos ya resueltos.
