La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha reafirmado públicamente que la decisión de cancelar aproximadamente 3,200 exámenes de admisión a licenciatura no fue arbitraria ni basada en meras sospechas, sino que se fundamenta en una robusta acumulación de evidencia digital. Ante el creciente descontento y las manifestaciones ocurridas en Ciudad Universitaria, donde los estudiantes exigen explicaciones detalladas sobre estos procedimientos, la institución ha puesto a disposición del público los mecanismos técnicos y legales que respaldan su postura.
Expedientes individuales con grabaciones íntegras
Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó durante una conferencia de prensa que cada uno de los casos anulados cuenta con un expediente individual riguroso. Este dossier no solo incluye la calificación final, sino que preserva la grabación completa de las tres horas que duró la aplicación de la prueba en línea. Además, el sistema registra minuciosamente las pausas realizadas por el aspirante y el historial de alertas automatizadas generadas cuando la plataforma detectó conductas inusuales o potencialmente irregulares.
"La Universidad no cancela ningún examen por mera presunción. Cancela exámenes porque tiene evidencias de que se cometieron irregularidades", afirmó Concha Cantú, enfatizando que el procedimiento sigue protocolos estrictos diseñados para garantizar la integridad académica. La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) es la encargada de custodiar esta información, asegurando que cada decisión de anulación sea trazable y verificable mediante los registros digitales almacenados.
El examen de control como verificación académica
En respuesta a las inconformidades de los aspirantes afectados, la universidad anunció que cualquier persona cuyo examen haya sido anulado tiene derecho a solicitar una revisión exhaustiva de su caso. Durante este proceso, personal especializado de la DGAE mostrará al interesado el expediente específico que motivó la cancelación, permitiendo así un diálogo transparente sobre las irregularidades detectadas.
Paralelamente, se confirmó que el examen de control presencial, programado para realizarse entre el 12 y el 19 de agosto, no tiene como objetivo principal etiquetar a los jóvenes como "tramposos" o "honestos". Según detalló el abogado general, esta nueva evaluación funciona como un mecanismo indispensable de verificación académica. Dado que la imposibilidad tecnológica actual impide distinguir con certeza absoluta quién recibió ayuda externa durante la prueba inicial, el examen presencial busca validar el mérito real de los candidatos.
"El examen de control no está señalando tramposos y no tramposos, es parte del problema, se sabe que hay muchas irregularidades pero no puedes distinguir si por más alto que sacó un puntaje un alumno lo hizo de manera correcta o no. Sabemos que hubo trampas pero no sabemos específicamente la autoría", sostuvo Concha Cantú, aclarando que la incertidumbre sobre la autoría específica de cada acto de fraude justifica la necesidad de una segunda evaluación física.
Advertencias sobre amparos y falsas expectativas
Respecto a las acciones legales emprendidas por algunos sectores estudiantiles, el representante legal de la UNAM reveló que, hasta la fecha, la universidad tenía conocimiento de cerca de diez juicios de amparo presentados. Sin embargo, precisó que ninguna de estas demandas había sido notificada formalmente aún y que algunos jueces han requerido a los promoventes precisar el acto reclamado antes de emitir decisiones sobre su admisibilidad.
Concha Cantú expresó su profunda preocupación ante la proliferación de despachos jurídicos y particulares que ofrecen promover amparos a cambio de pagos elevados. Advierte que esta práctica puede generar falsas expectativas en las familias, agravando su situación económica. "A mí me preocupa la economía de las familias. Si ya tuvieron un golpe, ahora van a tener otro", planteó, instando a la cautela frente a ofertas que podrían resultar infundadas desde el punto de vista jurídico.
Asimismo, el funcionario señaló una implicación legal crítica: si un aspirante decide presentar el examen de control presencial, esto podría interpretarse jurídicamente como un consentimiento tácito al acto reclamado, lo que eventualmente podría derivar en el sobreseimiento del juicio de amparo correspondiente. No obstante, aclaró que cada caso debe ser resuelto exclusivamente por los tribunales competentes.
Compromiso con la transparencia y el mérito
A lo largo de la semana, estudiantes manifestados en la Rectoría han indicado su intención de buscar amparos para evitar la nueva prueba de evaluación. En contraste, la UNAM insiste en que su enfoque no es emprender acciones punitivas contra los jóvenes, sino proteger la esencia misma de la institución: el ingreso basado estrictamente en el mérito académico.
La universidad ha asegurado que asignará de manera individual la sede y el horario del examen presencial a cada aspirante, garantizando orden y logística eficiente. Concha Cantú cerró su intervención reiterando que el objetivo institucional es garantizar que los procedimientos de selección se desarrollen con total transparencia y rendición de cuentas.
"La Universidad no quiere irnos contra los aspirantes, aun en los casos que sabemos que son aspirantes tramposos, o sea es una desgracia social. La Universidad lo que quiere es que sus procedimientos sean transparentes, rindan cuentas y se hagan bien", finalizó el abogado general, reafirmando el compromiso de la máxima casa de estudios con la equidad y la excelencia educativa.
