La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha reconocido oficialmente que un aspirante sorprendido realizando conductas fraudulentas durante el examen de ingreso no queda inhabilitado para participar en futuras convocatorias. La medida aplica incluso en medio de la crisis generada por las anomalías detectadas en el proceso de admisión 2026, que ha puesto en entredicho el discurso institucional de defensa del esfuerzo y la honestidad.
La postura oficial de la UNAM
Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar (DGAE), explicó durante una reunión con medios de comunicación realizada en enero de 2026, previo a la aplicación del examen de ingreso a licenciatura, que la consecuencia para quienes incurran en irregularidades es la cancelación del examen y del registro en ese concurso específico, pero no un veto permanente. “Y a quien se le canceló, puede volver a participar. O sea, no hay una limitante. Es simple: este acto se canceló por una actitud o por un acto que va en contra de lo que se ha establecido”, señaló la funcionaria.
La declaración cobra especial relevancia mientras la Universidad analiza las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026. En esa misma reunión, Ramírez Wence indicó que la DGAE está obligada a atender a los aspirantes afectados, ya que han pagado por un servicio. “Estamos obligados a atenderlos, ¿por qué? Porque finalmente ellos han pagado por un servicio, por un derecho, y estamos obligados a hacerlo con la mejor de nuestras voluntades y escucharlos y atenderlos, pero también mostrar las razones por las cuales, en apego a la legislación y a esta norma, se cancela un examen”, afirmó.
¿Qué dice la convocatoria?
La Convocatoria de Ingreso a Licenciatura 2026 establece que cualquier incumplimiento de las reglas del proceso o la comisión de irregularidades traerá como consecuencia la cancelación del registro como aspirante. Sin embargo, ni la convocatoria ni el Reglamento General de Inscripciones prevén una inhabilitación para participar en futuras convocatorias. La consecuencia se limita a la pérdida del derecho a continuar en ese proceso de selección, sin un veto permanente.
Entre las conductas sancionadas se encuentran la suplantación de identidad; hablar o interactuar con otras personas durante la prueba; compartir reactivos en redes sociales; fotografiar o copiar preguntas; utilizar teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, calculadoras, libros o cualquier material no autorizado, así como “cualquier otra acción u omisión que se considere como ventaja para la persona aspirante”.
Cancelación retroactiva
La convocatoria también contempla que el examen pueda ser cancelado incluso después de haber sido presentado, cuando las auditorías posteriores acrediten una irregularidad. Esto aplica aun si el aspirante ya fue seleccionado, se inscribió o incluso comenzó a cursar estudios en la Universidad. No obstante, en ningún caso la norma establece una inhabilitación para futuros procesos.
La declaración de Ramírez Wence fue realizada seis meses antes de que estallara la crisis por el examen de ingreso 2026, cuando la UNAM defendía el nuevo modelo de evaluación en línea. En aquel momento, la funcionaria destacó el compromiso de realizar el proceso con transparencia y garantizar que se llevara a cabo en condiciones de igualdad.
Un vacío normativo
El vacío normativo ha generado críticas, ya que en la práctica permite que quienes intentaron obtener una ventaja indebida puedan volver a competir por un lugar en la Máxima Casa de Estudios. Mientras la UNAM analiza las irregularidades del proceso 2026, la falta de una inhabilitación permanente contrasta con el discurso institucional de cero tolerancia al fraude.
